Planas asegura que el campo cobra precios más altos pese al incremento de costes

En pleno recrudecimiento de las protestas agrarias, esta tarde el se ha reunido Observatorio de la Cadena Alimentaria, en el que están representados los supermercados, la distribución, la industria y el sector primario, para analizar la evolución de los precios del campo a la mesa y el equilibrio entre los eslabones de la cadena. El análisis de precios presentado durante la reunión y realizado por el INE pone de relieve que la alimentación fue el grupo del Índice de Precios al Consumo (IPC) que más creció de media durante 2023, con una tasa del 11,7%. Por otro lado, el informe de la consultora Kantar sobre consumo alimentario en 2023 arroja que el volumen comprado por los hogares se ha estabilizado y que los consumidores recurren más a la marca blanca (su cuota de mercado se eleva del 41,5% en 2022 al 43,4% en 2023). En lo que respecta al sector agrario, las organizaciones profesionales -Asaja, COAG y UPA- han comprobado que algunos eslabones de la cadena "están descompensados".

Este organismo, dependiente del Ministerio de Agricultura, se reunió por última vez hace casi un año, el 28 de abril de 2023, un periodo en el que la crisis del campo se ha ido fraguando hasta estallar en protestas el pasado 6 de febrero. Los agricultores insisten en que pese a que la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe la venta a pérdidas, el sector sigue siendo víctima de precios bajos que no cubren los costes. En este sentido, Juan José Álvarez, secretario de organización de Asaja, ha reivindicado que el sector quiere "una Ley de la Cadena que no permita abusos hacia el eslabón más débil". "Las leyes que no funcionan no nos valen. Más que un problema de precios, hay un problema de costes que hay que afrontar. Lo que no se puede permitir es que los agricultores y ganaderos vendan por debajo de los costes de producción", ha aseverado.

En este sentido, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado este miércoles que el Gobierno ya trabaja para aumentar las inspecciones relativas al cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, con más análisis de las relaciones comerciales de las empresas con sus proveedores. Además, ha defendido que la modificación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que entró en vigor en diciembre de 2021, “funciona” y ha logrado subir los precios en origen al productor de manera muy significativa, incluso si se descuenta la inflación derivada del incremento de costes. No obstante, ante posibles abusos, ha animado a que el sector agrario denuncie ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

La vicesecretaria general del UPA, Montse Cortiñas, reconoce que la Ley de la Cadena Alimentaria "está en pañales", por ello UPA reclama dotar de mecanismos a la normativa para garantizar su cumplimiento, así como reforzar la AICA. Por su parte, Andoni García, responsable de organización de COAG, considera que el Observatorio tiene que avanzar sobre los estudios de la cadena de valor, así como en la publicación de los índices de precios en origen y destino. "Como productores necesitamos información clara para saber cómo está el conjunto de la cadena de valor", ha señalado.

A esta conclusiones se ha llegado justo antes de que este jueves las organizaciones agrarias mayoritarias se reúnan con Planas para abordar las principales reivindicaciones del sector: reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar precios justos, reducir la carga burocrática y las exigencias medioambientales de la Política Agraria Común (PAC), frenar la competencia desleal de las importaciones de países terceros y mejorar la cobertura de los seguros agrarios ante la sequía.

Tras el éxito de la novena jornada de protestas, las organizaciones llegan con ánimo de negociar y con la intención de reclamar medidas contundentes. Tanto Asaja como COAG y UPA esperan conseguir avances importantes, pero descartan desconvocar su calendario de movilizaciones hasta que haya soluciones reales. Para ello, apunta Asaja, será necesaria la colaboración de la UE y en el caso de España, de todo el Gobierno, ya que los cambios no dependen sólo de Agricultura, sino también de Transición Ecológica, Trabajo y Seguridad Social. "Algo tendrán que hacer para que los empresarios agrarios podamos hacer frente al incremento de costes salariales", ha subrayado el secretario de organización de Asaja.

El 21 de febrero está previsto que la organización Unión de Uniones y la Unió de Pagesos se concentren en la capital frente al Ministerio de Agricultura. Poco después, el 26 de febrero, Asaja, COAG y UPA, protestarán en Madrid coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, se ha mostrado este miércoles partidario de que se permita a los gobiernos dar ayudas públicas al campo para compensar la inflación. Según el eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido, podrían rondar hasta el 10% de la financiación que reciben por la PAC.