España lleva tres ejercicios sin Presupuestos Generales del Estado -incluyendo 2025- y y veremos si presenta los de 2026, porque primero dice que sí, luego que lo hará si cuenta con apoyos, ahora, que presentará al tiempo techo de gasto y presupuestos, y así sucesivamente, lo que lleva a pensar que no los presentará o que la subasta para lograr dichos apoyos será carísima. El Gobierno da muestras de una gran irresponsabilidad presupuestaria, tanto interna como externa, al no haber presentado los presupuestos durante estos años y estar a estas alturas sin haber presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio que viene. Es tal la irresponsabilidad que hace unos meses se atrevió a decir que presentar los presupuestos es “una pérdida de tiempo”, argumentando que descarrilarían al no contar con apoyos.

Esto es inaudito, porque contar con presupuestos no sólo es necesario, sino que es, además, una obligación: presentar los PGE no es una pérdida de tiempo, sino la obligación legal del Gobierno, y si le son devueltos o ve que no tiene apoyos para sacarlos adelante, entonces debe o dimitir para dejar que se intente formar otro ejecutivo, o convocar elecciones para que pueda salir de las urnas una composición de Las Cortes que permita formar un gobierno fuerte, capaz de gobernar, no sólo de estar, como hace Sánchez desde hace tiempo, al menos desde las elecciones de julio de 2023. Irresponsabilidad todavía mayor al tener que afrontar un necesario incremento del gasto en defensa, que debería ir aparejado del necesario recorte de gastos innecesarios.

Los PGE son la ley más importante del año, que plasma la política económica del Gobierno, a través de los ingresos y gastos presupuestados. Es, además, imprescindible para marcar el restablecimiento de la senda de estabilidad presupuestaria, esencial para conseguir una estructura económica sana, que se mantenga por sí misma, no por el gasto público creciente, que ahoga a la economía con deuda y más deuda. Adicionalmente, la credibilidad de la economía española no puede ponerse en juego por un desistimiento intencionado debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno, que no puede sacar adelante casi ninguna iniciativa legislativa. Esta decisión del Gobierno hace un gran daño a la economía española por los siguientes motivos:

1. Los plazos importan, y el no respetarlos resta credibilidad.

2. ⁠Si no lo presenta, se debe o a falta de ideas, que nos llevaría a pensar que son incapaces de pensar en una política económica que no sea la del aumento del gasto sin criterio, o a un camuflaje de la realidad de los ajustes, para que los apoyen Sumar -pese a estar en el Gobierno, la negociación con ellos es tensa en muchos temas presupuestarios-, Podemos y ERC, y a una subasta para que los apoye Junts.

3. ⁠Esto muestra la deriva del Gobierno, sin ideas, sin apoyos y sin capacidad para proponer reformas que saneen a la economía española.

4. Todo ello, resta seguridad jurídica, ahuyenta inversiones y perjudica a la economía y al empleo.

Si el Gobierno ha desistido de intentarlo estos años, es reflejo significativo de su debilidad parlamentaria, de su incapacidad para poder gestionar adecuadamente la economía, pues no tiene fuerza para sacar adelante unos presupuestos, ni aun cediendo en todo lo que le pidan, como viene haciendo desde que Sánchez volvió a ser investido presidente del Gobierno.

Cuando Sánchez compareció hace un par de meses pidiendo incrementar el gasto en defensa, volvió a tratar de burlar el control del Parlamento, pues piensa aumentarlo -aunque insuficientemente- a base de RD, con ingeniería contable que introduzca como gasto en defensa cualquier partida, y no llamando a las cosas por su nombre, al renunciar a decir que España y la UE deben rearmarse, empleando otros eufemismos, y parapetándose tras la UE para pedirle que los fondos para defensa los financie Europa. Es necesario, por supuesto, incrementar el gasto en defensa, porque España tiene varios flancos preocupantes, empezando por el sur, además de que tiene que cumplir con sus compromisos internacionales. Ahora bien, no puede darse ese incremento como gasto adicional en el presupuesto, sino que hay que aumentarlo reduciendo todo el gasto improductivo. Además, las cuentas deben ser claras, sin artificios que inflen dicho gasto en defensa y sin esperar fondos de fuera que aumenten el gasto sin reducir lo superfluo.

La anomalía de no contar con presupuestos hace que el Gobierno deba irse, es decir, debe dimitir o convocar elecciones, máxime tras los supuestos casos de corrupción que lo acorralan. Su empecinamiento en permanecer sin presupuestos, en definitiva, sin poder articular una acción de gobierno respaldada por la ley más importante del año, está restando credibilidad a España ante Europa.

José María Rotellar. Profesor de Economía. Director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.