La Seguridad Social obliga a incumplir la ley de protección de datos

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) estaría incumpliendo la Ley de Protección de Datos con los trabajadores autónomos. Así lo ha denunciando el Consejo General de los Gestores Administrativos de España, que ha enviado una carta al director general de la TGSS, Andrés Harto, para pedirle que cese el requerimiento obligatorio de información de datos de sus clientes autónomos societarios de los que son «autorizados RED». Alertan los graduados sociales de que ellos «de motu proprio» no pueden facilitar esta información «sin el consentimiento de nuestros clientes». Además, alertan a Harto de que «sin este consentimiento, podríamos estar vulnerando la Ley de Protección de Datos, considerando que no necesariamente podemos disponer de esa información que nos solicitan». Además, le recuerdan que tiene a su disposición esta información en los diferentes organismos oficiales disponibles, por lo que podrían acceder a ella sin tener que solicitarla a los gestores administrativos «forzándonos a incumplir el mandato de confidencialidad de nuestros clientes con sus requerimientos», explica Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo en la carta. Por ello, le instan a que «analice qué parte de la información está ya en poder de algún organismo o dependencia de la Administración y disponga los mecanismos adecuados para disponer de ella de forma automática».

Argumentos

En la misiva, Santiago alude al artículo 28 de la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento común de las Administraciones Públicas, que señala que «los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La Administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección». Al final de la misiva y tras esta exposición, Santiago requiere a la TGSS que «revise los desarrollos realizados por Red.es para el Kit Digital, que puede ser una buena referencia».

Fuentes de la Seguridad Social negaron a LA RAZÓN que se esté vulnerando dicha Ley y recordaron que «la obligación e comunicación de datos de los trabajadores autónomos está regulada en la disposición transitoria única del Real Decreto 504/2022, de 27 de junio». En ella se «regula la comunicación de datos que deben efectuar a la Tesorería General, antes del 31 de octubre de 2023, los trabajadores autónomos que ya figurasen de alta antes de la fecha de la entrada en vigor de esta norma y que, por las peculiaridades de su actividad, deban aportar los datos que en su redacción actual exige el artículo 30.2.b) del Reglamento General de Afiliación a los autónomos que tramitan su alta en la Seguridad Social».

Asimismo, desde el Ministerio incidieron en que «es un trámite necesario para luego poder hacer el cruce de información de la que disponemos de forma correcta. Se aprobó hace casi año y medio y durante todos estos meses se han mantenido continuas conversaciones con los gestores y los graduados sociales para facilitar todo el procedimiento. Se han mantenido charlas de divulgación, se han enviado cartas, y publicado dos Boletines de Noticias Red con este asunto».

Los gestores lo niegan

Los gestores administrativos lo niegan que se hayan mantenido conversaciones ni reuniones de ningún tipo, por lo que acusan directamente a la Seguridad Social de «mentir» al no haberse celebrado ningún tipo de encuentro. «Hace un mes, los directores provinciales de la TGSS tuvieron una reunión para acordar las actuaciones que debían llevar a cabo en este tema de la información de los autónomos y decidieron que tenían que citarnos a los graduados sociales y a los gestores administrativos para explicarnos la situación. Pues bien, todavía estamos esperando porque con ninguno de los 22 presidentes de los colegios de los gestores de España ha sido citados a reunión alguna. Por tanto, mienten descaradamente», espeta Santiago Ollero, que insiste en que «como presidente del Consejo General no he recibido ninguna llamada ni por parte de la Tesorería ni del propio Ministerio. No entiendo porque mienten sobre algo que podemos demostrar».

Remarca Santiago que «si nos hubieran consultado, además de explicarles cómo hacerlo, les habríamos explicado los tiempos necesarios para estos procesos, y no ahora que ya es imposible de cumplir con la norma y van a sancionar a 3,5 millones de autónomos».