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La treta de Hacienda saltándose la ley para perjudicar a Ferrovial y a la que el Supremo ha parado los pies

La empresa acaba de ganar 119 millones de euros al Fisco en los tribunales

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial
Rafael del Pino, presidente de FerrovialRubén Mondelo EFE

La noticia, publicada el martes en LA RAZÓN bajo el título “Ferrovial gana un litigio a Hacienda de 119 millones de euros”, no tiene desperdicio y lamentablemente ha pasado más desapercibida de lo que debiera. En resumas cuentas, la cosa es como sigue: el Tribunal Supremo, ni más ni menos, ha estimado un recurso presentado por Ferrovial contra una resolución de Hacienda que le reclamaba 119,2 millones de euros por el Impuesto de Sociedades de 2006, año en el que la empresa se dedujo ciertos importes por la compra del aeropuerto londinense de Heathrow. Atentos a lo que sigue, porque el Alto Tribunal considera que es nula de pleno derecho la liquidación practicada sin valorar las alegaciones previas del contribuyente, presentadas en tiempo y forma, por lo que debe presumirse la existencia de una “indefensión material”. Vamos, en resumidas cuentas y para entendernos, que Hacienda se ha saltado a la torera la normativa vigente.

Y, llegados a este punto, me pregunto lo siguiente: ¿qué es lo que pasa ahora con Hacienda, que ha incumplido, tal y como dice claramente la sentencia del Tribunal Supremo, la Ley? Porque ya sabemos lo que sucede con un ciudadano de a pie, con un autónomo o con una empresa pequeña, mediana o grande, que se salta la reglamentación vigente, especialmente la fiscal. Suma y sigue con otra pregunta: ¿no tenemos derecho los ciudadanos a conocer con nombres y apellidos quiénes son los responsables de Hacienda protagonistas de tamaño estropicio y cuánto se llevaron de “bonus” a cuenta de esos 119 millones de euros? ¿Acaso lo devolverán? Se supone que algo habrán hecho mal, según dice, insisto, el Tribunal Supremo, y que su actuación, puesta ahora en cuestión, debería tener algún coste para ellos.

Afortunadamente Ferrovial cuenta con medios de toda clase y condición para hacer frente a una situación de este tipo. Pero, ¿cuántas empresas pequeñas y medianas, autónomos y ciudadanos de a pie se encuentran en una situación similar, al margen de las cantidades en juego y se ven “indefensas para defenderse”, por no disponer de recursos suficientes, o por temor y miedo a las represalias que se podrían derivar? No es un tema menor, mi mucho menos, porque están en juego el futuro, la vida y los empleos de mucha gente.