Un nuevo índice para subir las pensiones

La imposibilidad de volver a la indexación sólo al IPC abre la puerta a combinar PIB y empleo con el alza de los precios.

El Pacto de Toledo alcanzó ayer un acuerdo: es inviable volver a vincular las pensiones «únicamente» al IPC. La salvedad, realizada por el portavoz del PP y diputado por Alicante en la Comisión de Seguimiento del Pacto, Gerardo Camps, deja la puerta abierta a la única opción para lograr un futuro sostenible y predecible en el alza anual de las pensiones más allá del mínimo 0,25% aprobado en la reforma de 2013: la creación de un nuevo índice que tenga en cuenta el crecimiento económico y del mercado laboral, entre otros posibles factores en los que también podría tenerse en consideración la evolución de los precios.

Aunque en el arranque de la reunión del Pacto los representantes de los distintos grupos políticos se limitaron a atrincherarse en sus posiciones, quedó patente que tanto PP como PSOE, Ciudadanos, PNV y PDeCat están dispuestos a estudiar la creación de una nueva fórmula que, en función de la situación económica, mantenga la recomendación segunda del Pacto de Toledo: la defensa del mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio financiero del sistema.

«Algunas posiciones han variado a lo largo del día y se han ido modulando según se hablara de coyunturas económicas favorables así que solicitaremos nuevas proyecciones para ver su coste», indicó el portavoz popular al término de la comisión, que volverá a reunirse dentro de dos semanas, cuando los distintos grupos formularán sus propuestas sobre el nuevo índice el próximo día 20, unos días después del pleno monográfico sobre las pensiones en el que se espera que el presidente, Mariano Rajoy, realice algún anuncio para que la capacidad adquisitiva de los pensionistas no pierda el 1,75% que la actual revalorización plantea.

Aunque el actual índice de revalorización (IRP) aprobado por el Gobierno en la ley 23/2013 ya tiene en consideración variables económicas, como el crecimiento, la inflación o los ingresos por cotizaciones, lo hace siempre en relación a la salud del sistema de la Seguridad Social y no de forma aislada, con lo que el alza de los precios queda diluido.

El actual IRP sin topes permite ajustar gradualmente los gastos a los ingresos del sistema, pero no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo a los pensionistas pese a fijar una revalorización mínima anual del 0,25% y una máxima del IPC+0,5%.

El actual índice da prioridad a la salud del sistema. El complejo cálculo se realiza mediante lo siguientes factores: una media artimética de la tasa de variación de los ingresos de la Seguridad Social de los últimos once años, la tasa de variación del número de pensiones contributivas del mismo periodo, el efecto sustitución (la variación interanual de la pensión media del sistema en año de ausencia de revalorización) y un componente de corrección del déficit del sistema para valorar la velocidad de ajuste de los desequilibrios de la Seguridad Social.

Sin embargo, dado el empeoramiento de la salud financiera del sistema de pensiones (por el crecimiento del número de pensiones, por el insuficiente crecimiento del ingreso por cotizaciones por el ajuste salarial y el mantenimiento de mínimos exentos de cotización y por la pérdida de los intereses que devengaba el Fondo de Reserva) el actual índice se revela insuficiente para salvaguardar la revalorización de las pensiones cuando el IPC se dispara.