El Gobierno es responsable

La posición en la que las últimas decisiones decisiones del Gobierno ha dejado a la Guardia Civil es insostenible. Afecta a la credibilidad de un cuerpo con absoluta lealtad al orden constitucional y defensa de las instituciones democráticas. Es necesario, por lo tanto, que se asuman responsabilidades cuanto antes y se reconduzca una situación que afecta a una parte fundamental de nuestras Fuerzas de Seguridad.

La directora de la Guardia Civil, María Gámez, ha admitido por escrito que el coronel al mando de la comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, fue cesado por no comunicar a sus mandos superiores las diligencias judiciales sobre el 8-M, tal y como establece la ley y la magistrada que abrió el caso exigió. Así se revela en un documento interno firmado por Gámez y dirigido al secretario de Estado de Seguridad, por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.

Es decir, el coronel Pérez de los Cobos cumplió con su obligación, aunque la investigación reclamada por la titular del Juzgado número 51 de Madrid considerase impropio realizar actos masivos, como la manifestación del 8-M y otros similares. Es decir, el Poder Judicial no puede supeditarse a los intereses de un Gobierno encerrado por su debilidad política.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó a Pérez de los Cobos por “pérdida de confianza”, aunque ocultó que el coronel de la Guardia Civil había cumplido con su obligación. Su fulminante destitución, que se produjo inmediatamente después de que Gámez conociese el informe judicial, invalida sus argumentos. La supuesta “reestructuración” de su “equipo” y su “proyecto”, tal y como anunció Grande-Marlaska, no coincide con los hechos desencadenados.

La situación es especialmente grave porque el ministro del Interior mintió y mintió la directora de la Benemérita. No puede estar al frente de un cuerpo que antepone la lealtad constitucional a cualquier otro interés una persona que no defiende lo fundamental de esta institución. No hay más salida: ambos deben presentar su dimisión y esta debe ser aceptada por un Pedro Sánchez que ha causado un crisis innecesaria en la Guardia Civil. No todo vale. Las instituciones del Estado no pueden estar al servicio del Gobierno, ni ser manejadas como meros apéndices de un poder político sostenido por partidos anticonstitucionales.

Bastante destrozo ha hecho el coronavirus en nuestra sociedad, como para que el Gobierno maltrate de esta manera a un cuerpo ejemplar con el apoyo necesario de las fuerzas independentistas, ERC y Bildu, y la maquinaria propagandista de Podemos. España no se puede permitir un deterioro institucional de este calibre.