Derecho fundamental al voto

Los catalanes acuden hoy a las urnas en unas circunstancias extraordinarias por extremas. No se trata de un episodio excepcional, de una primera experiencia en nuestro país, porque gallegos y vascos fueron a los comicios bajo esta pandemia que ya ha superado su primer año de vida con efectos devastadores en vidas y pobreza. El Principado, envuelto desde hace más de una década en un bucle tóxico y degradante que tuvo de momento su cénit en el Primero de Octubre de 2017, se enfrenta de nuevo a la posibilidad de abrir una nueva etapa en la que los electores decidirán o no el sentido continuista o rupturista de la misma. En estas páginas hemos manifestado con claridad nuestra posición sobre lo que los catalanes necesitan para encauzar un futuro mejor con una respuesta eficaz y competente a las urgencias desmedidas provocadas por el contagio y una estabilidad institucional que atienda los problemas reales y represente a todos los catalanes piensen lo que piensen. Nada más incidiremos en ese capítulo que ya está en manos de cada una de las personas con derecho al voto en el territorio. Y es precisamente a ese derecho al que debemos apelar necesariamente. Ha habido una intensa controversia sobre la idoneidad de unos comicios en el contexto de una tercera ola en la infección, con una alta incidencia y una virulencia superior a las pasadas. Los políticos, la mayoría, pero especialmente la izquierda y los separatistas, afrontaron ese dilema con un sombrío tacticismo electoral que arrumbó el panorama médico y hospitalario. La demoscopia pesó más que la medicina y la salud, en una disputa que rezumaba ventajismo en cada pronunciamiento y decisión. La Justicia fue capaz de elevarse sobre la reyerta de los partidos y centrar la disyuntiva en el plano correcto, el de los derechos y su ejercicio con las suficientes garantías frente a la intromisión y la aplicación torticera del estado de alarma. El poder absoluto que el Gobierno se regaló por obra y gracia de sus aliados ha vaciado y ha minimizado hasta desvirtuarlos principios cimeros recogidos en la Constitución. Durante este año de covid hemos padecido esa intrusión y ese desfallecimiento de principios esenciales. Pero por mucho que el propio Ejecutivo se haya desenvuelto en este contencioso con ánimo arbitrario y dogmático, el voto no es un derecho más que pueda dosificarse al antojo del gobernante de turno. El sufragio es el acto supremo del poder del ciudadano, la expresión de la soberanía que sustenta el sistema democrático. Por eso, la liturgia de introducir la papeleta es un ejercicio individual de responsabilidad suprema. Los ciudadanos de Cataluña son libres para votar o no, como lo es su miedo o su prevención. Pero, si no se le atiende, el estado de derecho languidece y se encoge al tiempo que se ensancha su vulnerabilidad.