Un pacto contra el sectarismo político

El acuerdo cerrado entre socialistas y populares para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos solo puede catalogarse de positivo. Ha sorprendido la celeridad con que se ha sellado el compromiso desde que el líder de la oposición, Pablo Casado, lo planteó sobre esas bases concretas en las que quedaba apartado el CGPJ, lo que certifica que había un consenso previo de semanas o meses atrás. Celebramos el final de esta negociación por lo que supone de normalización democrática que órganos constitucionales tan esenciales salgan de la provisionalidad que arrastraban desde hacía demasiado tiempo en la mayoría de los casos. La interinidad prolongada de esta clase de instrumentos supone una anomalía a la que no deberíamos acostumbrarnos, por más que en modo alguno tal condición merme la legitimidad de sus miembros, trabajo y decisiones. El Estado de Derecho no puede detenerse ni alterar su día a día por el fragor de la batalla partidista y las estrategias cortoplacistas. Es un pacto que afecta a una amplísima mayoría de la Cámara y, por tanto, a los representantes de una gran mayoría de los españoles. Quienes se han quedado fuera de este proceso, y que ayer reaccionaron con desigual crudeza, son una minoría que, sin embargo, en el caso de grupos constitucionalistas, sería deseable un esfuerzo para que se sumaran. No es el caso de Unidas Podemos, que ayer, por boca de la ministra Belarra, se apresuró a reivindicar su cuota en el acuerdo para no quedar desairado en una negociación a la que no fue invitado afortunadamente. Socialistas y populares han dejado la puerta abierta a cerrar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Sería lo deseable siempre que se ejecutara en los parámetros conocidos y recomendados por Europa de despolitización de la Justicia. Lo contrario sería incomprensible. Los convenios suelen tener paternidades repartidas, pero en esta ocasión sería injusto no reconocer el paso al frente inesperado de Pablo Casado que reactivó un proceso bloqueado por Pedro Sánchez y la intransigencia de la izquierda. El relevo en estos pilares clave de la nación era posible, como se ha visto, con voluntad política y altura de miras, que son las que han faltado en Moncloa. Hay que insistir, y no olvidar ni relativizar como gajes del oficio, que Pedro Sánchez, sus ministros y todas las siglas de la izquierda y separatistas señalaron al Partido Popular, su líder, dirigentes y militantes como gentes fuera de la ley, antisistema y una formación inconstitucional. Ayer mismo Ione Belarra habló de que los populares seguirán en «abierta rebeldía» si no hay arreglo también en el CGPJ. El acuerdo logrado es siquiera un bosquejo de lo que una política de diálogo y entendimiento en los asuntos de Estado da de sí, como se comprueba a diario en Europa. En nuestro caso, somos escépticos sobre la posibilidad de que tenga recorrido dado el sectarismo político y el extremismo cainita abanderados por el Gobierno socialista comunista y la mayoría Frankenstein.