Renovables sí, pero nucleares también

El Gobierno que preside Pedro Sánchez ha puesto a los españoles ante un falso dilema, el de la elección de un modelo excluyente de generación de energía eléctrica para afrontar los compromisos de descarbonización de la atmósfera, como objetivo prioritario frente al cambio climático en proceso. No se trata ahora de discutir la premisa inicial, la del calentamiento global provocado por la actividad industrial y agraria humana, sino de examinar si los presupuestos políticos del Ejecutivo en materia energética responden a una realidad objetiva o, simplemente, son servidumbre de una ideología del clima que en algunos aspectos adquiere tintes religiosos.

Como primera providencia, es preciso admitir que algunos de los responsables ministeriales en materia de medio ambiente, como la exministra y hoy comisaria europea Teresa Ribera, militan en las escuadras de choque de la Agenda 2030, que han imprimido al llamado proceso de desarrollo sostenible un ritmo excesivo, con notables desequilibrios económicos y sociales que han llevado a un amplio sector de la población europea a cuestionarse, incluso, la funcionalidad de la Unión Europea, como demuestra el mayor apoyo electoral a partidos y movimientos críticos con el proyecto comunitario registrado en los últimos comicios. Tal es así, que se está detectando un creciente rechazo social hacia unas políticas de «transformación verde», que muchos ciudadanos identifican con los intereses de las élites gobernantes.

España no es ajena al fenómeno –sólo hay que observar el creciente rechazo a los grandes parques fotovoltaicos y eólicos–, en buena parte por la actitud divisiva socialmente de la acción gubernamental, que cree haber hallado en la radicalización de las posiciones políticas el antídoto para la inestable posición parlamentaria del Gobierno de coalición. Por supuesto, no hay argumentos técnicos, medioambientales o económicos que justifiquen el desmantelamiento de la energía nuclear en España, sólo los prejuicios ideológicos de unos partidos de izquierda que actúan sobre el mercado de la energía como si se tratara de una actividad económica deshonesta, con las grandes empresas eléctricas como epítomes de la maldad.

Lo estamos viendo en la reacción del Gobierno ante el gran apagón, señalando responsables entre unos operadores que trabajan bajo condiciones estrictamente reguladas por el Estado, en un mercado con los precios intervenidos y bajo régimen de práctico monopolio en la distribución eléctrica. No hay, pues, que buscar racionalidad en el desmantelamiento de unas centrales que están en perfecto estado de funcionamiento, con las inversiones amortizadas, que no emiten CO2 y que proporcionan seguridad y estabilidad al mix energético. Como venimos denunciando, no es racional, es un error ideológico de bulto.