Pedro Sánchez sólo busca ganar tiempo

No debería serle tan difícil al presidente del Gobierno presentar a la opinión pública, al Parlamento y a los sectores sociales un proyecto de ley de relaciones laborales que contuviera unas reglas claras del juego para empresarios y trabajadores. Sin embargo, al menos, a fecha de ayer, sólo contamos con declaraciones de intenciones que, además, cambian constantemente y juegan frívolamente con el significado de las palabras en un asunto de tanta trascendencia política, económica y social como el que nos ocupa. Parece evidente, y es muy preocupante, que el presidente del Gobierno sólo busca ganar tiempo ante sus socios del Gabinete para conseguir la aprobación de los próximos Presupuestos Generales (PGE), objetivo indeclinable si pretende agotar la legislatura, consciente de que la renuncia a derogar la reforma laboral del Partido Popular puede conducir a una prematura ruptura de la coalición gobernante.

Pero es un hecho que en La Moncloa están resignados a reconducir por la vía europea una reforma que mantiene encendidas las alertas de Bruselas, por cuanto forma parte del compromiso adquirido por Madrid para recibir el grueso de los fondos de Reconstrucción. Es decir, que es más probable que el Sánchez que se muestra más conservador con el alcance de la nueva norma laboral se halle más cerca de la verdad que el Sánchez que admite el término «derogación» en el salomónico comunicado de ayer. El problema es, precisamente, que los sectores económicos directamente concernidos no sabrán a qué atenerse hasta bien entrado el próximo ejercicio, una incertidumbre que deja en el aire muchos proyectos de inversiones empresariales y que retraen la llegada de capitales foráneos. En estas circunstancias, se antoja ocioso especular sobre el calado de los cambios, puesto que ambas partes interpretan los mismos conceptos, incluso, las mismas palabras, de distinta manera.

Así, se hace prácticamente imposible pronosticar el alcance de las propuestas sobre la temporalidad, la subcontratación o la prevalencia de la situación financiera de la empresa sobre los convenios de sector, lo que se entiende como «descuelgue salarial». En cualquier caso, lo que no necesita el mercado de trabajo español es más rigideces normativas y más burocracia administrativa. Tampoco más carga fiscal sobre los salarios y las cotizaciones sociales, pero, mucho nos tememos, que habrá más de lo segundo –impuestos y tasas– que de los primero. Por supuesto, no estamos hablando de un sistema de relaciones laborales sin cortapisas para el empleador y sin derechos para los trabajadores, pero, como venimos insistiendo, lo último que necesita España es una regresión a escenarios laborales fósiles, previos al estallido de las nuevas economías de la comunicación.