El CGPJ ya no es sólo cuestión de calendario

Se cumplen tres años desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entró en funciones y era de esperar que desde los más diversos ámbitos gubernamentales se redoblara la presión sobre el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, para forzar su aquiescencia a un acuerdo de renovación, en la misma línea de mantener las cuotas partidarias en la designación de los nuevos vocales. Es cierto, por supuesto, que tan largo período de interinidad no deja de ser una anomalía que produce el desgaste institucional del órgano de gobierno de los jueces y, también, problemas de orden práctico en la renovación de las salas del Tribunal Supremo –a finales de diciembre quedarán por relevar 51 plazas en la jurisdicción ordinaria y 6 en la militar–, pero con respecto a estas últimas disfunciones, que representan un evidente coste personal para los directamente implicados, no es posible obviar que fue decisión del Gobierno que preside Pedro Sánchez llevar a cabo una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que un consejo en funciones pudiera efectuar los nombramientos, a medida que se iban produciendo las vacantes.

Es evidente lo que tanto el PSOE como Unidas Podemos pretendían con esa reforma, que no fue a más porque la Comisión Europea advirtió del tremendo menoscabo que supondría para la independencia de la Justicia en España, por lo que resulta de todo punto cínico el rasgar de vestiduras de la izquierda gobernante ante un problema que ella misma ha creado. En cualquier caso, el proceso de renovación del CGPJ ya no es sólo una cuestión de calendario, sino de la oportunidad de afrontar una reforma en el sistema de elección de los vocales procedentes de la Magistratura, que serían elegidos por su pares, en la dirección que marcan el Consejo de Europa y la Comisión de Justicia de la Unión Europea, que, tras las experiencias polaca y húngara, buscan las mayores garantías de independencia e imparcialidad política para los sistemas judiciales europeos. Este es el verdadero reto que tiene que abordar el líder popular y sería un error transigir ante un Gobierno que, no lo olvidemos, pretendía convertir la elección de los vocales del Consejo en un mero trasunto de las mayorías parlamentarias.

No es cuestión, por supuesto, de prolongar la situación ad calendas grecas, pero sí de llevar al convencimiento del actual Gobierno de que es preciso llegar a un pacto firme entre las dos principales formaciones políticas del arco parlamentario, que, inevitablemente, debe pasar por la firma conjunta y su registro en la Cámara de una proposición de ley que reforme la elección de los vocales judiciales, como hemos señalado, en el sentido que pide Europa. Casado debe resistir las presiones si es que, realmente, pretende llevar a cabo ese cambio. Por cierto, un viejo compromiso de su partido.