Garamendi, cómplice del error de la reforma

No es posible ocultar que el malestar de una gran mayoría de los empresarios españoles con el preacuerdo para la reforma laboral que ha suscrito la CEOE con el Gobierno y los sindicatos tiene nombre y apellidos. En efecto, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha conseguido abrir una crisis inédita en el seno de la misma, que se ha traducido en la abstención de buena parte de las organizaciones integradas en la CEOE a la hora de dar el visto bueno al borrador de la propuesta presentada por el comité. Con todas las cautelas que se quieran aducir, nos hallamos ante una moción de censura moral contra Garamendi, que, sin duda, tendrá consecuencias. No es sólo la cesión ante las imposiciones del sector radical del Gobierno lo que no se entiende, es que, además, Garamendi legitima con su adhesión al preacuerdo un proyecto de reformar legislativa del marco laboral que no sólo va en contra de lo que necesita el tejido empresarial español para reforzarse, sino que se desvía tanto de las recomendaciones de la Unión Europea como de la praxis seguida en las economías más desarrolladas de la OCDE. Que las más acusadas críticas internas al insólito entreguismo de Garamendi procedan de sectores productivos como la industria del automóvil o la agricultura, que forman parte de la espina dorsal de nuestro PIB, o de las organizaciones que representan a las economías regionales más fuertes, caso de las comunidades de Madrid y Cataluña, deberían hacer reflexionar a Garamendi sobre la carga de profundidad que supone para la competitividad y la creación de empleo la vuelta a la rigidez de las relaciones laborales, que, no lo olvidemos, había hecho de la economía española una máquina de destrucción de puestos de trabajo cada vez que se producía un período de deterioro de los mercados internacionales. Fue la flexibilidad asociada a la ley que se pretende reformar la que, por ejemplo, con el acuerdo de los sindicatos, consiguió que la industria del automóvil superará la crisis derivada del crack de 2008, convirtiendo al sector de la automoción en uno de los más competitivos del mundo y clave en la balanza comercial española. Fueron las medidas de protección de empresas y trabajadores contempladas en esa misma ley, como los ERTE, las que han impedido el mayor hundimiento del tejido productivo durante la pandemia y las que han propiciado la supervivencia de muchas empresas, sobre todo del sector turístico, condenadas a la desaparición. Pues bien, pese a esa realidad, que debía haber sido innegociable para quien representa los intereses de los empresarios, Antonio Garamendi ha preferido la componenda con un Gobierno que había hecho bandera de una reforma contraproducente, innecesaria y de tintes políticos revisionistas. En definitiva, un error injustificable.