La política de defensa, cuestión de Estado

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que pretende cumplir los compromisos adquiridos por España en el seno de la OTAN, que, entre otras cuestiones, supone incrementar el presupuesto de Defensa hasta el 2 por ciento del PIB, ha recibido el frontal rechazo tanto de sus socios de Unidas Podemos en el Gabinete, como el de la mayoría de los partidos de izquierda y nacionalistas que conforman el bloque gubernamental en el Parlamento.

Por supuesto, no supone sorpresa alguna en unas formaciones que, al menos en Occidente, siempre han hecho gala de un vociferante antimilitarismo, disfrazado de pacifismo, que, curiosamente, se trasunta en prudente silencio cuando son algunos de los regímenes totalitarios de vagas raíces socialistas quienes se arman hasta los dientes. No es cuestión de entrar en el argumentario populista, siempre caro a la opinión pública, puesto que explota los buenos sentimientos y reclama que el dinero «de la guerra» se destine a políticas sociales, como si un inexplicable azar hubiera proporcionado a España y a los españoles una especie de garantía universal frente a cualquier agresión exterior.

Desafortunadamente no es así y baste recordar que uno de los escasos países que renunció a dotarse de unos medios de defensa propios, como hizo el Líbano, se ha visto desgarrado en múltiples contiendas, algunas tan sangrientas que permanecen indelebles en la memoria colectiva del mundo. Ciertamente, la defensa de un país, que es la de su soberanía e integridad territorial, pero, también, la de un modo de vida basado en la libertad, la democracia y el respeto a los derechos individuales, exige un esfuerzo presupuestario acorde a los bienes, físicos y espirituales, que es forzoso proteger. Porque es una constante histórica que, a la postre, siempre resulta más cara la destrucción que causa una agresión que no se pudo impedir, bien mediante la disuasión, bien con el recurso a la fuerza necesaria.

Las Fuerzas Armadas españolas, cuyo espíritu de servicio, profesionalidad y competencia nadie discute, están infradotadas en medios y personal, con algunas carencias de materiales que no creemos oportuno glosar, pero que, a la luz de lo ocurrido en Ucrania, es preciso solucionar. Probablemente, el presidente del Gobierno, si es que lleva a cabo su compromiso, se verá desasistido parlamentariamente por sus actuales socios, pero eso no debería suponer mayor problema. La defensa de la Nación, entendida como una cuestión de Estado, tiene que estar por encima de la lucha partidaria, aunque sólo sea porque los programas militares, más si se quieren respaldados por una industria nacional potente, no se circunscriben a los cuatro años de un mandato gubernamental. Y ahí, estamos seguros, los dos grandes partidos españoles sabrán llegar a un acuerdo.