Cerrazón ideológica y eficiencia sanitaria

LA RAZÓN publica hoy un revelador informe sobre el deterioro asistencial y económico sufrido por el hospital valenciano de La Ribera, en Alzira, un lustro después de que se produjera la reversión de la administración del centro a la Consejería de Salud de la Generalitat valenciana. Los datos, demoledores, nos hablan de un incremento de las listas de esperas, urgencias colapsadas, mayores tasas de absentismo laboral, pese al incremento del personal contratado; gasto disparado en Farmacia, por los sobrecostes de las facturas impagadas, y, en definitiva, una inversión de dinero público mayor para un servicio peor.

Detrás de este estropicio –que va por igual camino en la reversión del hospital de Torrevieja– no hay más causa objetiva que la cerrazón ideológica de la izquierda valenciana, que hizo del derribo del «modelo Alzira», ejemplo de colaboración público-privada, una de sus banderas electorales más maniqueas. Pero, es preciso recalcarlo, la ideología no es inocua y, cuando se abordan los problemas sociales desde el sectarismo primario, siempre opera en detrimento de los servicios que reciben los ciudadanos. Así, tan absurdo sería promover la externalización general de los hospitales públicos, que ofrecen servicios que no podrían ser costeados en un sistema de libre mercado, como cerrarse en banda a un modelo de gestión mixto, que, allí donde se ha implantado, ha demostrado su eficacia, con la general satisfacción de la población afectada.

Entre otras razones, porque los modelos de cooperación público-privados pertenecen al ámbito de la Sanidad Pública y están sujetos a convenios y controles de calidad que garantizan los estándares asistenciales. En cualquier caso, no se trata de imponer un modelo sobre otro, sino de dejar abiertas todas las opciones, para que nuestros gestores elijan lo que más conviene de acuerdo a las diversas circunstancias de los núcleos de población a los que es preciso atender.

Pero en lugar de afrontar los problemas desde la racionalidad, una izquierda radicalizada se empeña en demonizar a la sanidad privada, como si la red hospitalaria y de asistencia general que proporciona fuera desdeñable, sólo para ricos, y no estuviera implantada entre las clases medias, descargando, por cierto, de trabajo a los saturados servicios de la Sanidad Pública. Porque si algo nos ha enseñado la pandemia es que sin la red de hospitales privados, sin sus UCIS, el número de fallecidos por la Covid hubiera sido mucho mayor. A este respecto, deberían preguntarse los ideólogos de la izquierda si los 11 millones de españoles, incluidos los mutualistas, que tienen suscrito un seguro de salud privado lo han hecho porque desconfían del sistema público de salud o por otras razones que no es preciso recalcar, pero que explican la base del error del presidente valenciano, Ximo Puig.