Efectos de un Derecho al servicio de Sánchez

La sociedad española viene asistiendo sin grandes reparos a las sucesivas reformas del Código Penal, en muchas ocasiones, sin otra motivación que contentar a una opinión pública proclive en exceso a endurecer el castigo a los delincuentes. La ciencia penológica pasa, así, a convertirse en una solución de urgencia para apagar esos incendios virulentos que llamamos «alarma social» y que estallan según cambia la percepción ciudadana.

De ahí, que una reforma del delito de malversación, que fue reformado en un momento de especial sensibilidad social –en buena parte fomentada desde la política partidista–, con la corrupción pública, podría ser aceptable desde diversos puntos de vista, como un ejemplo más de la «ley del péndulo» en la administración de Justicia. En efecto, penas de hasta 30 años de prisión como las que se han impuesto a algunos condenados por corrupción pueden, pasado el periodo de sobreactuación política, parecer excesivas y merecedoras de revisión.

Pero el problema es que no nos hallamos ante una nueva reforma penal mejor o peor motivada desde la argumentación jurídica, sino ante un comportamiento que parecía inverosímil en un jefe de gobierno de una nación democrática y que, simple y llanamente, consiste en utilizar el Código Penal, uno de los instrumentos básicos del Estado, para conseguir una ventaja política, en este caso, el afianzamiento de la coalición parlamentaria que determina su permanencia en el poder.

Es un hecho con muy pocos precedentes, si es que hay alguno, que supone poner el Derecho al servicio de un partido y de su jefe de filas, aunque haya que pasar por la indignidad de admitir que acomete tal acción para el favorecimiento personal de un condenado por el Tribunal Supremo, ya indultado en la parte de la sentencia que es potestad gubernamental y ni siquiera arrepentido de su delito.

Pero, claro, en el ordenamiento jurídico occidental no existe la posibilidad ni de dictar una norma penal «ad personam» ni de crear un tipo delictivo especial para un grupo diferenciado, con lo que la reforma de la malversación causará inevitables efectos generales en todos los procedimientos, incluso los ya juzgados, porque se parte de que hay que aplicar al reo, con efectos retroactivos, la norma que más le beneficie. Ya han comenzado los primeros movimientos judiciales para dar cumplimiento a la nueva legislación, con petición de modificación de las conclusiones fiscales en algunos casos que tuvieron fuerte impacto en la opinión pública, como el de Acuamed, que afecta a algunos cargos socialistas, o el de la Kitchen, que implica al Partido Popular.

Ante este escándalo político, lo único que cabe exigir al Gobierno es que nos ahorre el espectáculo de insultar a los jueces cuando, como con la «ley del sí es sí» de Irene Montero, suceda lo que inevitablemente tiene que suceder.