Sánchez despierta recelos en Bruselas

Si Pedro Sánchez pensaba que su desempeño por turno de la presidencia de la Unión Europea iba a convertirse en una especie de trampolín de cara al final de la legislatura, lo cierto es que en algunos despachos de Bruselas comienzan a cuestionarse algunas decisiones del Gobierno de coalición, sin duda, alejadas del espíritu que informa la reglamentación comunitaria.

Por supuesto, no se trata de una novedad, porque ya el comisario de Justicia, Didier Reynders, había expresado públicamente la preocupación que despertaba la estrategia invasiva del Ejecutivo español hacia la Administración de Justicia –consiguiendo frenar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que reducía la mayoría parlamentaria necesaria para la renovación del órgano de gobierno de los jueces–, pero sí cabe asegurar que los recelos no han hecho más que acrecentarse.

El último desencuentro entre la Comisión Europea y La Moncloa, claramente expuesto en un debate en la Eurocámara sobre el Estado de Derecho en España, se refiere a la modificación del delito de malversación en el Código Penal, cuyo alcance pretende analizar Reynders en el seno de la Comisión, no sólo para comprobar «su conformidad con la legislación europea, sino, también, «por si pudiera afectar a la protección de los intereses financieros de la UE». Vaya por delante, que Bruselas había aplaudido con inequívoco entusiasmo el endurecimiento de los delitos de malversación que llevó a cabo el anterior gobierno popular.

La referencia no es baladí y debería alarmar al Ejecutivo, puesto que, asimismo, está en el punto de mira de la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, la alemana Monika Hohlmeier, a la que no le salen las cuentas, como a la mayoría de los analistas españoles, de en qué se ha gastado el Gobierno de Pedro Sánchez los 40.000 millones de euros de los Fondos Next Generation. Que, en estas circunstancias, se rebaje la malversación para contentar las demandas de los aliados parlamentarios del Gabinete puede no ser adecuadamente entendido más allá de nuestras fronteras. Hasta ahora, el presidente Pedro Sánchez ha conseguido mantener una imagen exterior de cierta solvencia que no se compadece, como explican las encuestas, con la percepción de la opinión pública española, de ahí que la multiplicación de voces críticas en Bruselas no sea la mejor de las noticias para las aspiraciones electorales gubernamentales.

Más aún, cuando el resto de nuestros socios se plantean, no sólo para España, la verdadera eficacia de las multimillonarias inversiones de dinero público y resurge la idea de volver al pacto de consolidación fiscal. En definitiva, que apenas entrada en vigor la reforma de la malversación, ya tenemos la desconfianza europea como uno de sus primeros efectos. Pero habrá más, no lo duden.