No sería justo decir que la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que hoy comienza su andadura oficial en Sevilla, nace bajo el signo del fracaso, pero sí nos parece necesario señalar que los objetivos pactados en la declaración de la cumbre distan mucho de la ambición que marcaron los primeros encuentros, allá por el ya lejano 1970 del pasado siglo, cuando se estableció que los países del llamado primer mundo destinaran el 0,7 por ciento de su PIB para cerrar la brecha con las naciones más desfavorecidas.

La experiencia nos dice que, incluso, las sociedades más entusiastas con la causa, como las de Luxemburgo o Noruega, se han ido amoldando a la realidad de un «tercer mundo» que bien estaba golpeado por las crisis bélicas, bien gemía bajo la dictadura y la corrupción de las élites gobernantes. Sin embargo, no es cuestión de tirar la toalla y, ayer, Su Majestad, como anfitrión del centenar y medio de jefes de Estado y de Gobierno, de ministros y representantes de organizaciones internacionales citados en la incomparable capital andaluza, hizo un llamamiento a la solidaridad, al acuerdo y al esfuerzo común, como los mejores antídotos contra la pobreza y la violencia que asola al mundo sin solución de continuidad. Un mundo que todavía se recupera de la pandemia del coronavirus y al que las crisis regionales –Ucrania, Medio Oriente, China, República del Congo, Sahara– no han dado tregua, desviando en los países ricos unos recursos ya escasos a cubrir las necesidades de un rearme impuesto por las circunstancias.

En este sentido, la ausencia de Donald Trump en la cumbre sevillana no hace más que confirmar el giro político en la primera potencia del mundo, que desde el mero populismo reniega de las ayudas al desarrollo, incapaz de entender que esos gastos previenen nuevas crisis sociales, sanitarias y políticas que, a la postre, salen mucho más caras. Demagogia que, en el otro espectro ideológico, el de la izquierda progresista, se traduce en propuestas como la de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que exige un «impuesto global a los más ricos» para afrontar el cierre de la brecha de pobreza sin tener en cuenta, claro, que muchas de las grandes fortunas del mundo no pertenecen al Occidente del desarrollo tecnológico y los grandes avances en todos los campos del saber, sino a gobernantes parasitarios de sus propios pueblos, a los que esquilman y tiranizan sin el menor empacho.

No es, ciertamente, el momento más propicio para alentar a la solidaridad internacional ni los interlocutores de Occidente, al que se supone obligado a correr con el mayor esfuerzo financiero, que presentan las mejores credenciales de probidad y buena gestión de los recursos. Pero, en cualquier caso, hay que intentarlo.