Un gran acuerdo en favor de la Justicia

La perseverancia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la convicción de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debía estar vinculada al robustecimiento de la independencia de los tribunales de justicia y al cumplimiento de las directrices de la Comisión Europea sobre las garantías de una efectiva separación de poderes en la democracia española ha dado como resultado un buen acuerdo entre las dos grandes formaciones políticas nacionales, el PSOE y el PP, del que sólo cabe alegrarse.

Ciertamente, se renueva un Consejo de gobierno de los jueces que podríamos llamar de «transición» porque serán los nuevos vocales quienes tendrán que redactar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que cambiará, con el compromiso de despolitizarlo, el sistema de elección de los miembros del Consejo, de forma que los jueces elijan a los jueces, pero, al menos, en lo que respecta a nuestro sistema de Justicia, debemos reseñar que la parte socialista que representa al Gobierno se ha comportado como el gran partido de la izquierda moderada que fue, lo que, también, debe ser motivo de satisfacción para una opinión pública que, en su gran mayoría, prefiere las políticas de pacto a las de confrontación.

Que los vocales propuestos por socialistas y populares tengan perfiles esencialmente jurídicos y de probada profesionalidad, abunda en lo que decimos. En este sentido, no le será fácil al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentar ante sus socios de investidura un acuerdo que deja sin voz ni voto tanto a la extrema izquierda que representan Sumar y Podemos como a los nacionalistas del PNV y, con toda seguridad, escucharemos airadas invectivas contra la incomprensible colusión con las derechas, que, sin embargo, será muy complicado que pasen del estadio meramente declarativo, entre otras razones, porque se hace muy complicado descalificar unos nombres de acrecentado prestigio y un sistema de elección de la presidencia del Tribunal Supremo que exige mayor consenso.

Tampoco Núñez Feijóo se verá exento de críticas, incluso en el seno de su partido, aunque sólo sea por la desconfianza que suscita la palabra del actual inquilino de La Moncloa y su tendencia al «cambio de opinión», pero esas voces discrepantes deberán reconocer, cuando menos, que un pacto contraído bajo los auspicios y el compromiso de las instituciones de Bruselas ofrece garantías más que suficientes. Por último, reconocer al líder popular que ha sabido aguantar las presiones más intensas, también, las amenazas de cambiar por la vía parlamentaria las reglas del juego, y que el precedente de lo sucedido con la renovación del Tribunal Constitucional motivaba la mayor de las desconfianzas. Pero ha arrancado un buen acuerdo para la Justicia y, por lo tanto, para la democracia.