No hemos nacido ayer para que nos sorprenda la huida hacia adelante del Gobierno de coalición con la reforma de las pensiones, pero sí debemos expresar la preocupación que embarga a una buena parte de la opinión pública ante la reacción, rayana en la histeria, de los representantes gubernamentales ante cualquier cuestionamiento, por razonable que sea, de unas cuentas con tantos imponderables que llevan a dudar de la viabilidad del sistema en el medio plazo.

De ahí, que sea de todo punto elogiable la posición que mantiene el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien lejos de apuntarse al carro del grosero electoralismo, reclama, al menos, un examen objetivo de las cuentas, que opere sobre las proyecciones de ingresos y gastos de la Seguridad Social en las tres próximas décadas, espacio temporal en el que el número de jubilados podría alcanzar los 15 millones, es decir, cinco millones más que el número actual.

Porque el proyecto impulsado por el ministro del ramo, José Luis Escrivá, que va a ser aprobado por el rodillo de la coalición parlamentaria que apoya al Gobierno, merecería una segunda lectura, ajena a la urgencia partidista, puesto que, como señala la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con los cálculos de ingresos por la elevación de las cotizaciones sociales, apenas se cubre un mes del actual gasto en pensiones.

Se nos dirá que todavía hay margen para seguir subiendo las cotizaciones que pagan las empresas y los trabajadores, pero esa detracción de fondos de la economía productiva no sólo no garantiza el equilibrio del sistema, sino que puede acabar afectando gravemente a la competitividad de unas empresas ya muy exigidas fiscalmente. Es más, la política de Escrivá conduce inevitablemente a la creación de una Agencia Tributaria bis, que recauda más de los trabajadores, pero que no genera otros derechos. Y no se trata del fácil recurso de reducir las pensiones o de ampliar los tramos topados, como demagógicamente se atribuye a quienes denuncian la falta de sostenibilidad del sistema, sino de buscar fórmulas de jubilación flexible que permitan alargar la vida laboral, incluso, con incentivos que redunden en los futuros ingresos netos a percibir.

Es, sin embargo, un debate que sólo puede llevarse a cabo desde la convicción de que la sociedad española es adulta y comprende el alcance de lo que está en juego. Pero, al parecer, prima más jugar con el miedo y la inseguridad de casi 9,5 millones de pensionistas, yacimiento electoral imposible de obviar, que abrir un proceso de negociación que lleve a un pacto de Estado, con la participación de todos los actores implicados. Por supuesto, los empresarios, a quienes se ha dejado de tener en cuenta cuando tuvieron que alzar la voz, advirtiendo del callejón sin salida al que nos lleva el Gobierno.