Como era de esperar, la estrategia del Gobierno para diluir sus responsabilidades en el gran apagón repartiendo las culpas entre las eléctricas y Redeia se ha venido abajo en cuanto las empresas acusadas han hecho público el informe pericial encargado por la patronal del sector, la Aelec, que concluye lo que la mayoría de los técnicos en la materia sospechaban: la negligencia del operador público de la red a la hora de programar las fuentes de generación convencionales –ciclo combinado (gas), nuclear, carbón y grandes hidroeléctricas– para amortiguar las variaciones de tensión de las energías renovables. Con un problema añadido, que las oscilaciones de tensión venían avisando desde varios días antes, sin duda, porque el número de «térmicas» acoplados a la red ese 28 de abril era el más bajo del año y, además, estaba agrupado en el norte de España.

Otro factor coadyuvante fue que el operador de la red no acusó recibo –al menos, no reaccionó en tiempo y forma– ante la comunicación, el día anterior, de que una central de gas en la zona sur, la más desprotegida, había sufrido un incendio y no estaría disponible. Hay más aspectos del informe, como el cambio de frecuencia en la interconexión con Francia, para exportar hasta 1.000 megavatios, cuya contribución al apagón no es posible determinar con exactitud ante la falta de datos disponibles, que están en poder de Red Eléctrica, al parecer, convertidos en «secreto de Estado».

Se argüirá que nos encontramos ante un informe de parte, por lo tanto no imparcial, que trata de cubrir a las eléctricas del pago de las indemnizaciones por los daños sufridos en empresas y hogares, pero lo cierto es que las conclusiones del informe, basado en los datos de las propias generadoras, es decir, de quienes conocen de primera mano qué energías estaban suministrando mayoritariamente a la red y qué centrales de apoyo estaban programadas por el operador, coincide básicamente no sólo con las conclusiones a las que llegó el Gobierno, por más que, luego, la ministra Sara Aagesen repartiera culpas, sino con las explicaciones de los especialistas de la Unión Europea.

La realidad, tozuda, es que la política energética española se basa en un impulso demasiado acelerado de las fuentes renovables, pero sin disponer, por falta de previsión, de los mecanismos necesarios para estabilizar unos parques que, por su propia naturaleza, carecen de inercia cuando se produce una bajada de tensión. Parque que, esencialmente, no podrá suministrar electricidad con seguridad a la red sin las milmillonarias inversiones que se precisan. Ciertamente, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se tiró a la piscina hablando de «sabotaje» podíamos sospechar que iba a mantener contra viento y marea una política eléctrica condicionada por la ideología. Así ha sido.