Más complicaciones en el frente europeo

A la resistencia que oponen las instituciones del Estado al engendro político y legal de la ley de amnistía, que está llevando al Gobierno que preside Pedro Sánchez a dar clamorosos pasos en falso, como es el caso de la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, rechazada hasta por su socio comunista, hay que sumarle la intervención de la Unión Europea y del Consejo de Europa, entidades que albergan indisimuladas dudas sobre la legitimidad de una medida de gracia que incluya delitos de terrorismo y de malversación de caudales públicos.

Esas dudas razonables están detrás de la misión exploratoria de la delegación de la Comisión de Venecia, que hoy comienza sus trabajos y que evaluará el alcance de la amnistía para el Consejo de Europa. Aunque se trata de un órgano consultivo, es decir, que sus dictámenes no son vinculantes, lo cierto es que suelen adelantar el sentido de las sentencias de los tribunales de justicia europeos.

De ahí, que nos resulte extraño que el secretario general y letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, artífice del informe que abrió la puerta a la tramitación de la proposición de ley de amnistía, en contra de la opinión muy mayoritaria de sus compañeros, se haya negado a entrevistarse con los delegados de la Comisión, despreciando una oportunidad de oro para explicar las bondades de la norma que él mismo avaló. Que Galindo haya recurrido, incluso, a la Mesa del Congreso para eludir la comparecencia, solo añade perplejidad al suceso, como si la máxima autoridad de la Cámara, la socialista Francina Armengol, albergara sentimientos vergonzantes sobre la motivación y legalidad de la cuestionada ley.

Entendemos que una cosa es el olímpico desprecio gubernamental a lo que denomina «la fachoesfera» y otra distinta cuando se trata de responder ante los órganos del Consejo de Europa, encargado de velar por el respeto a los derechos fundamentales en los estados miembros, pero, en cualquier caso, no parece de recibo dar la callada por respuesta. Es la misma sensación de inseguridad que trasladan los distintos portavoces del Gobierno cuando desde la Comisión Europea se insta a la Eurocámara a que investigue las «supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y la administración rusa» y señala que la injerencia del Kremlin en Cataluña «formaría parte de una estrategia más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión de la UE».

Pareciera como si España, uno de los países más perjudicados por la presunta intervención rusa, quisiera que el asunto pasara lo más inadvertido posible para no perjudicar el éxito de los acuerdos entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, asunto, el del bienestar del primero, que, por las trazas, no parece ser prioritario para nuestros socios de la UE, que tienen la vista puesta en la amenaza que supone Moscú.