Ocupación pura y dura de las instituciones

No es cuestión, por supuesto, de entrar a valorar las virtudes que adornan al ministro José Luis Escrivá Belmonte para convertirse en presidente del Banco de España porque la cuestión fundamental es que un alto cargo en los ejecutivos de Pedro Sánchez va a desempeñar la presidencia del órgano regulador y supervisor del mercado bancario, cuya independencia de criterio, al menos en apariencia, podrá ponerse en cuestión a partir de ahora, nada menos, que en un sector sujeto a una panoplia de regulaciones como ningún otro.

De confirmarse hoy la designación del ministro Escrivá, nos hallaríamos no sólo ante un ejemplo palmario de esas «puertas giratorias» tan denostadas en su momento por la izquierda, pero que ahora practican con especial virtuosismo, sino ante un capítulo más en el proceso de ocupación pura y dura de las instituciones del Estado por parte del sanchismo, cada vez más desinhibido y prepotente.

Sin pretender ser exhaustivos, el actual Gobierno ha «colonizado» todos aquellos organismos públicos que ha tenido a su alcance, desde el Tribunal Constitucional, –en el que figuran como magistrados un ministro socialista como Juan Carlos Campo o ex altos cargos con el actual gobierno, como Laura Díez– hasta Paradores de España, pasando por el CIS, la CNMC, Patrimonio Nacional, AENA o Red Eléctrica Española. Así, una veterana ex militante del PSOE –se dio de baja en el partido nada más llegar al cargo– preside RTVE y un antiguo secretario de estado de Comunicación de La Moncloa, Miguel Ángel Oliver, está al frente de la agencia oficial EFE, pilares ambos de la Información pública en España.

Ya hemos advertido que no queremos ser exhaustivos con lo que no entraremos en las «puertas giratorias» habituales, como las empresas públicas o las embajadas, ámbitos tradicionales para la colocación de ex altos cargos caídos en desgracia o los consabidos «compañeros de pupitre», porque la realidad que nos preocupa es la pérdida de independencia de aquellas instituciones, como la Fiscalía General del Estado, que forman parte del delicado juego de los contrapoderes en las democracias dignas de ese nombre.

Con ser criticable, que una empresa pública como Correos entre en pérdidas millonarias es un problema menor, mucho menor, ante el espectáculo de una Fiscalía alineada con el Gobierno en todos aquellos asuntos que le afectan o una Abogacía del Estado convertida en la defensa privada de La Moncloa.

Al sanchismo le ha fallado la operación para intervenir el Poder Judicial, pero ha conformado una mayoría «progresista» en el Tribunal Constitucional que actúa desacomplejadamente en favor de los intereses gubernamentales. Con el Banco de España consumado, mucho nos tememos que el próximo objetivo sea la AIREF, todavía independiente.