A Sánchez no le vale arrodillarse a medias

No puede aducir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Carles Puigdemont le haya mentido en algún momento de la partida. Las condiciones del expresidente de la Generalitat y líder en el exilio de Junts para apoyar la investidura del candidato socialista fueron, presumiblemente, las mismas cuyo cumplimiento ahora reclama y que Sánchez aceptó, al parecer, sin intención de honorar su palabra. Y tampoco deberían llamarse a engaño los ciudadanos españoles, incluidos los que apoyan a la coalición de gobierno, sobre el programa político de los separatistas catalanes, diáfanamente resumido ayer por la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, al recordar que «los votos de Cataluña sólo están al servicio de Cataluña», es decir, que no hay cabida para un proyecto común que no atienda prioritariamente sus intereses locales. Por lo tanto, y por más guiños que haga el inquilino de La Moncloa hacia su renuente socio de investidura, la responsabilidad de la situación de inestabilidad política en la que ha quedado el Gobierno pertenece exclusivamente a quien aceptó unos compromisos que, a todas luces, suponían un cambio en la organización territorial y de las finanzas públicas de España de tal calado que forzosamente llevarían a una tensión insoportable las costuras del Estado, además de producir un rechazo de grandes proporciones entre la mayoría de la opinión pública, traducido inmediatamente en la pérdida más o menos acusada de votos. Por supuesto, si se ha llegado a esta situación, con el jefe del Ejecutivo haciendo contorsionismo político para tratar de recuperar una interlocución y unos apoyos que sólo pasan por la cesión de unas competencias, como la inmigración, que afecta directamente a la acción del Estado frente al exterior de las fronteras nacionales, es por la contumacia de los actuales dirigentes socialistas a la hora de desenvolverse en el corto plazo, tratando de tapar las cada vez más frecuentes vías de agua en la nave gubernamental a base de parches y esperando a que el tiempo y la suerte se combinen para no tener que afrontar un fracaso anticipado de la legislatura. Pero no es una solución que vaya a funcionar, porque, como también recordaba Nogueras, cumplir los acuerdos con Cataluña, en este caso, con los separatistas catalanes, tiene un coste electoral en el resto de España que, por lo visto, Pedro Sánchez no quiere afrontar. Una vez más, la dinámica política española no plantea más solución plausible, que tenga en cuenta los intereses del conjunto de los ciudadanos y no de una parte de ellos, bastante minoritaria, por cierto, que la convocatoria adelantada de las elecciones generales. A menos, claro, que Sánchez pretenda gobernar sin el Parlamento hasta el final de la legislatura o, también, lleve a cabo las cesiones pactadas con los separatistas catalanes, con el consecuente desgaste de las posiciones socialistas en el resto de España. No cumplir la palabra dada siempre tiene un precio. Sánchez debía saberlo.