La escuela privada y concertada temen desaparecer con el IVA a la educación

Los centros educativos privados y concertados temen desaparecer. Creen que de materializarse las últimas informaciones difundidas sobre la posible implantación del IVA en los servicios que presta el sector educativo los colocaría al borde del abismo y estarían abocados prácticamente a su desaparición.

Hasta ahora, la educación tiene consideración en España, y en toda la UE, de servicio público esencial, motivo por el cual, había estado exenta del pago del IVA. Sin embargo, una aplicación del 21%, como podría ocurrir, en plena crisis económica derivada de la pandemia “supondría para las familias que libremente la han elegido un encarecimiento insoportable de este servicio, lo que en la práctica podría llegar a suponer la desaparición del sector”, exponen siete patronales de la enseñanza privada y concertada en un comunicado conjunto en el que expresan su rechazo a la medida.

De llevarse a cabo, las consecuencias se traducirían, a su juicio, en un vaciamiento de aulas de alumnos que se irían a la escuela pública y, además, “incrementaría el gasto público en una cuantía muy superior a la que se recaudaría a través de este impuesto" ya que la Administración tendría que hacerse cargo del coste de los puestos escolares que ahora muchos padres sufragan de su bolsillo al llevar a sus hijos a colegios privados.

“Vulneración de derechos”

Además, consideran que “se vulnera el derecho de las familias a elegir la educación que prefieren para sus hijos con arreglo a sus convicciones, consagrado en el art. 27 de nuestra Constitución, y en consecuencia también afecta a la libertad de creación de centros”. Por no hablar de la pérdida de puestos de trabajo que, desde su punto de vista, supondrían medidas como ésta que “se traduciría en una menor recaudación por IRPF de estos trabajadores y en mayores costes en prestaciones por desempleo”.

Las patronales advierten que esta situación no afectaría únicamente a enseñanzas regladas no universitarias, sino también a las universidades privadas y al sector de enseñanzas no regladas, por lo que “pondría en riesgo de desaparición a gran parte del sector de la educación y la formación privada en nuestro país, compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas”.

La educación concertada también se vería seriamente amenazada, ya que se encarecerían los servicios complementarios que ofrece (comedor, ruta escolar, actividades extraescolares...) y “para muchas familias esto podría ser una carga difícil de soportar, con lo que afectaría a la conciliación”, explica Pedro Huerta, nuevo secretario general de Escuelas Católicas. Es más, según sus cálculos, podría suponer un incremento de 100 euros al mes por familia por el pago de estos servicios complementarios y “choca el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos porque, al final, la medida favorece a las familias con más recursos, que no son nuestros destinatarios”.

Con iniciativas como ésta y con la reforma de la “Ley Celaá”, con enmiendas como las que pretende introducir Podemos-PSOE de aumentar el número de plazas públicas “nos encontraremos con que la educación pública será el modelo imperante y omnipresente, la concertada tendrá el espacio de una reserva india y habrá una privada muy cara a la que acudirán los que sí tienen medios y pueden elegir”, explica Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas.

Entre las patronales que han mostrado su disconformidad con la medida figuran la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), Escuelas Católicas (EC) y Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE).