Pagar por una educación que, sobre el papel, es gratuita. Esta es la paradójica realidad a la que se enfrentan miles de familias en España, donde el modelo de enseñanza concertada parece haberse desviado de su propósito original. A pesar de que la ley prohíbe el cobro de cuotas en centros sostenidos con fondos públicos desde 2021, un abrumador 83% de ellos continúa exigiéndolas, levantando una barrera económica considerable para muchos hogares.

De hecho, la situación se agrava de manera notable al poner el foco en ciertas comunidades autónomas. Así lo recoge el último estudio de la Asociación de Colegios Privados e Independientes, el CICAE. En Madrid, Cataluña y el País Vasco, el cien por cien de los colegios analizados impone estos pagos, convirtiendo la excepción en una regla ineludible. Entre ellas, además, las diferencias son notables: mientras que en Cataluña la cuota media asciende a 220 euros mensuales por alumno, en Madrid se sitúa en 135 euros y en el País Vasco desciende hasta los 99 euros.

En este sentido, el análisis de la titularidad de los centros desvela una de las claves del problema: el evidente afán de lucro. Los colegios que operan como sociedades mercantiles imponen cuotas más elevadas (114 euros de media frente a los 74 de las congregaciones religiosas) y, además, demuestran una inflexibilidad mucho mayor ante el impago. Esta distinción es fundamental para entender por qué la presión sobre las familias es más intensa en unas regiones que en otras.

La cuota obligatoria y sus consecuencias

Sin embargo el problema no reside únicamente en la existencia de un pago. La forma de imposición también es determinante. Casi siete de cada diez colegios presentan la cuota como si fuera un requisito ineludible para la escolarización, contraviniendo la ley vigente y situando a los padres en una posición de vulnerabilidad. Esta práctica transforma lo que debería ser una aportación voluntaria en una obligación encubierta.

Pero la presión no termina ahí. Cuando las familias no pueden afrontar el desembolso, las consecuencias pueden ser demoledoras. A nivel nacional, un 11% de los centros llega a aplicar medidas de exclusión social a los alumnos, un porcentaje que se dispara de forma alarmante en la Comunidad de Madrid, donde casi tres de cada diez colegios recurren a estas técnicas. La situación es aún más grave en los centros con ánimo de lucro, donde la tasa de exclusión por impago se eleva hasta un 88%.

A esto se suma, finalmente, una notable falta de transparencia en la gestión de estos cobros. Según los datos analizados, una cuarta parte de los colegios que exigen una cuota ni siquiera facilita a los padres una hoja de precios que detalle los conceptos. Esta opacidad agrava un sistema de pagos que, legalmente, ya debería estar erradicado del sistema educativo español.