Defensa refuerza su protocolo contra el acoso sexual para agilizarlo y hacerlo más efectivo

El Ministerio de Defensa ha aprobado un paquete de medidas cuyo objetivo es el de reforzar y mejorar su actual Protocolo de Actuación frente al acoso sexual y por razón de género en las Fuerzas Armadas. En concreto, tal y como explica el departamento que dirige en funciones Margarita Robles, dichas medidas forman parte de una instrucción del subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, y con ellas se busca “favorecer la celeridad y la diligencia en las actuaciones para garantizar la protección inmediata de la víctima”.

Se trata de un plan elaborado a partir de la experiencia adquirida con las ocho Unidades de Protección frente al Acoso (UPA). Se trata de unidades “externas a la cadena orgánica de mando que tienen por finalidad prevenir y proteger ante cualquier conducta susceptible de ser acoso sexual o por razón de sexo” y fueron puestas en marcha en abril de 2016 (una en cada Ejército, además de en el Estado Mayor de la Defensa, el Ministerio, el INTA, el INVIED y el ISFAS). En su primer año y medio de vida únicamente gestionaron 33 denuncias de militares. Eso sí, recibieron cerca de consultas.

Ahora, no sólo se reforzará la composición de estas unidades con representantes de las tres escalas y funciones con carácter de exclusividad, sino que también se dota de mayor protagonismo a los jefes de unidad. Hasta ahora, la labor de estos últimos era básicamente la de decidir si se tomaba alguna medida cautelar, pero con las nuevas medidas, además de contar con una formación específica en la materia, también serán los encargados de la detección temprana de las conductas que pudiesen derivar en una situación de acoso. En cada unidad, además, deberá haber una persona con formación específica contra el acoso y que conocerán todos los miembros.

Junto a estas medidas, Defensa intensifica los principios de confidencialidad e indemnidad para “evitar cualquier prejuicio en su carrera" por el simple hecho de denunciar.

Las UPA, además de responder a las consultas, iniciar los trámites o apoyar psicológicamente a las víctimas, tendrán, a partir de ahora, que elaborar obligatoriamente un plan de apoyo integral individualizado según las necesidades de cada caso. En él se integrarán las medidas de carácter médico, psicológico o jurídico. El apoyo que se les prestaba hasta ahora se refuerza facilitando el acompañamiento a la víctima de cara a la realización de todos los trámites.