La mayoría del Congreso pedirá que pare todo el país

La unidad empieza a resentirse. Hay división dentro del Gobierno. Pero, además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá el miércoles un frente de enmienda crítica en el Congreso en el Pleno de la prórroga al estado de alarma. La mayoría de la Cámara apoyará la continuidad de esta situación excepcional para seguir combatiendo al coronavirus, pero con importante enmiendas y correcciones a la gestión del Gobierno. La mayoría también cree que el estado de alarma debe ampliarse para paralizar por completo todas las actividades productivas salvo las esenciales, aquellas que afectan directamente a la atención de los enfermos y demás servicios básicos para el sostenimiento del país. En cada comunidad esta paralización total puede afectar a sectores distintos, pero lo que piden comunidades autónomas del PP y del PSOE, y ayer respaldó el líder de la oposición, Pablo Casado, es que el parón sea total. Construcción, por supuesto, pero también jardinería y campañas del campo como la recogida de flores, en Murcia, como ejemplo.

Las comunidades fueron las primeras en levantar la voz ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la videoconferencia que celebraron este pasado domingo. Sánchez escuchó análisis muy duros de la situación, que se sostienen en las proyecciones que algunas de ellas manejan sobre cómo puede evolucionar la enfermedad y hasta dónde puede elevarse el número de fallecimientos. Algunas de esas proyecciones son alarmantes, con cifras inasumibles para la sociedad española. Andalucía, Murcia, Castilla y León o Castilla-La Mancha piden esas medidas más restrictivas en la actividad productiva sin que afecte a los servicios sanitarios y a la logística fundamental para abastecer y exportar.

Casado remite esta decisión al mando único, pero la advertencia, a diferencia de lo que ha pasado hasta ahora en la gestión de la crisis, ya está hecha. Ahora se toma conciencia de que se llegó tarde en la implementación de medidas que afectan a la movilidad y al aislamiento social, en la compra de material sanitario y hasta en la atención a las residencias de tercera edad, teniendo en cuenta que asisten a población de riesgo y no tenían ni infraestructura sanitaria ni tampoco medios de protección. Pero lo que viene por delante es tan duro que las distintas administraciones empiezan a buscar escudos para protegerse las espaldas. Todas ellas ya han visto que el «lobo» está aquí y desde una misma situación de desbordamiento y colapso entienden que, en la situación actual, aunque se siga intentado preservar en la medida de lo posible la economía, lo único que se va a conseguir es retrasar aún más la contención de la enfermedad si no se es radical en las actuaciones.

Sin embargo, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, descartó avanzar en más medidas de paralización de la actividad económica porque las actuaciones puestas en marcha «son las más restrictivas de nuestro entorno», e incluso la industria se está reorientando al suministro de bienes esenciales. Calviño insistió en que en el funcionamiento de un hospital contribuye la industria química y farmacéutica, y tiene que funcionar el transporte y la industria textil para los uniformes y ocurre lo mismo con la industria agroalimentaria. «Estamos en condiciones de garantizar que ahora mismo sólo se están llevando a cabo actividades esenciales de la economía».

Pero no dijo nada de la construcción ni de las otras actividades que le reclaman las autonomías que se suspendan. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, viene reclamando desde hace días esa paralización total de la actividad económica, y ayer también se sumaron otros grupos, como el BNG, que exigen corregir en el Congreso aspectos del decreto para cerrar todos los centros de producción que no son necesarios.

Mientras que el líder del PP, Pablo Casado, dejó ayer la advertencia de que «prefiere pecar por exceso», Vox intensificó aún más las críticas contra el presidente del Gobierno, anticipando así que el Pleno de mañana puede no ser la balsa de aceite que recibió a Sánchez para aprobar el primer Real Decreto del estado de alarma. Entonces la voz más crítica fue, precisamente, la de uno de los socios del Gobierno, el de Gabriel Rufián en nombre de ERC. Mañana Sánchez se enfrentará a un Congreso más tenso y alarmado por el alcance de las cifras de contagios y fallecimientos. El apoyo a las medidas excepcionales se mantendrá, pero la oposición también dejará oír su queja porque el Gobierno tardase en darse cuenta de la gravedad del coronavirus, en entender que necesitaba comprar material sanitario extraordinario para atender una crisis de primer nivel –en lo que Gobierno y comunidades tiene cada uno su responsabilidad–, en que iba a hacer falta comprar miles de respiradores mecánicos o en que también haya llegado tarde a los mercados de hidroxicloroquina, el fármaco anti-Covid.