Justicia gratuita para amparar a todos los afectados por el coronavirus

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) reclama que “todas las personas afectadas económicamente por el Covid-19” tengan acceso a la justicia “fortaleciendo el beneficio de justicia gratuita” y se muestra proclive a que el mes de agosto se habilite para actuaciones procesales como “respuesta adecuada a la magnitud de esta crisis”.

Esta asociación judicial advierte de que la vuelta a la normalidad de la actividad judicial “tendrá un indudable componente sanitario” y, para evitar un rebrote de la infección con nuevos contagios, pide en un comunicado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adopten un protocolo actualizado de prevención del riesgo entre la carrera judicial y que las administraciones competentes establezcan “planes detallados que garanticen la realización de las actuaciones judiciales con las máximas condiciones de seguridad”, facilitando para ello medios de protección adecuados tanto al personal como al público en general.

JPD apuesta por la implantación del teletrabajo y de las comunicaciones telemáticas para evitar “la paralización total de las actuaciones judiciales” y pone de manifiesto su “radical oposición” a que la respuesta a esta crisis suponga un recorte de los derechos y garantías de los ciudadanos. No obstante, precisa que cualquier medida “deberá de ser respetuosa con la conciliación personal y familiar así como con aquellos compañeros con problemas de salud derivados del Covid-19”.

En cuanto al plan de choque impulsado por el CGPJ, la asociación critica que se planteen reformas procesales “de calado y sustraídas al necesario debate público” en el contexto “del shock social que estamos padeciendo” y cuando todavía se desconoce “el alcance concreto que la crisis sanitaria, económica y social va a tener sobre las distintas jurisdicciones”.

"En estos momentos no existen datos reales sobre el impacto de esta crisis en la Administración de Justicia", asegura JpD, que muestra su preocupación por la situación de las jurisdicciones social y mercantil, "ya de por si colapsadas por el impacto de la última crisis financiera". En el orden social, añade, "resulta prioritario poner en marcha de forma inmediata planes de choque basados fundamentalmente en la dotación de medios materiales y personales".

Medidas urgentes contra el abuso infantil

Por otro lado, la comisión penal de JpD alerta de que la actual situación de confinamiento en los domicilios exige “adoptar urgentes medidas de protección de los niños y niñas que puedan estar en una situación de riesgo de abusos físicos o sexuales o que tal vez los estén ya sufriendo”. Para la asociación judicial es “esencial” diseñar un plan integral de prevención y detección que, entre otras medidas, garantice el mantenimiento de los programas de control y seguimiento de situaciones de riesgo. “Su suspensión por razón de la pandemia no puede justificarse en modo alguno”, advierte en una nota pública en la que pide que se garantice que los profesionales encargados de llevar a cabo esos programas “dispongan de las medidas de seguridad sanitaria que les permitan desarrollar sin riesgo las visitas y las entrevistas”.

JpD también solicita la “activa observación por parte de los maestros y profesores en los contactos telemáticos o telefónicos que mantengan con los niños o niñas de actitudes, reacciones, comentarios o comportamientos que puedan resultarles extrañas o sospechosas” y recuerda que cualquier profesional que esté en contacto con menores debe advertir a los servicios de protección, a las Fuerzas de Seguridad o a la Fiscalía “cuando tengan motivos fundados para creer que un niño o una niña es víctima de abuso sexual, explotación sexual o pornografía infantil”.

De igual modo, JpD insiste en la necesidad de que los vecinos “puedan trasladar con facilidad y de forma inmediata cualquier sospecha sobre posibles abusos físicos o sexuales para lo que la habilitación de un número centralizado de denuncias o de traslado de información resulta absolutamente necesario”, así como la realización de campañas informativas de sensibilización. Y, por último, propone que se supervise el cumplimiento de los programas de vacunación o de revisión pediátrica, “reclamando explicaciones a los progenitores o cuidadores sobre las razones por las que no se han cumplido”.