Francisco Franco
El Gobierno quiere recuperar los fondos originales de la Fundación Franco
Compromís acusa a Moncloa de inacción. El responsable del legado franquista, al tanto de las «intenciones incautatorias», dice que los papeles son «públicos»
Compromís considera que el Gobierno «carece de estrategia para recuperar la documentación» de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) «digitalizada con dinero público». En una pregunta dirigida al Senado, el parlamentario Carles Mulet requería el pasado 18 de febrero «copia de la documentación perteneciente a la administración pública o digitalizada mediante ayudas públicas, que figuren en los archivos» de la entidad nacida en 1976 para preservar el legado del antiguo jefe de Estado.
Según el partido valenciano, la «todavía legal» Fundación Franco tiene «incautados más de 30.000 documentos acaparados por el gobierno ilegal e ilegítimo del dictador Franco».
Asegura Mulet que «para digitalizar esta documentación» la «fundación fascista» recibió «entre 2000 y 2003 más de 150.000 euros de dinero público», pero «continúa manteniendo esta documentación, que se pudo utilizar para perseguir, castigar y asesinar a las víctimas del régimen». Considera la formación valenciana que esos papeles «deberían estar en manos de la actual administración pública y no en manos de una organización fascista».
A la petición de documentación del senador de Compromís, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha respondido –con fecha del pasado día 7– que «de la mayor parte» de esos documentos en manos de la FNFF «dispone copia» el Centro Documental de la Memoria Histórica, «con origen en las ayudas concedidas» a la fundación en los años 2000, 2001 y 2003, y que «proceden y tienen su origen en la Casa Civil del entonces Jefe del Estado». Aclara además el Gobierno que «los documentos originales del Archivo Francisco Franco se custodian en la Fundación Francisco Franco», cuya sede radica en Madrid, «donde se pueden consultar».
La novedad que aporta el Ejecutivo socialista es que «está pendiente de establecer una estrategia de colaboración interministerial» para la recuperación de esos documentos «y su depósito en un archivo estatal».
Por su parte, la Fundación Franco asegura que «no tiene documentación perteneciente a la administración pública», sino «originales de copias» que «ya se podían ver» en su sede «antes de su digitalización».
En declaraciones a este periódico, el presidente de la FNFF, Juan Chicharro, señala que los papeles que custodian «provienen, en su mayor parte, del archivo privado que Francisco Franco tenía en una habitación particular en el Palacio de El Pardo, distinto a los archivos de la Casa Civil y la Casa Militar», archivo «que él cuidaba y ordenaba personalmente».
Se trata de documentación que «fue depositada en la FNFF para constituir un archivo por decisión de la familia de Franco», a quien «las autoridades permitieron retirar estos fondos». Afirma Chicharro que «su cuidado, organización y apertura al público ha hecho posible que la FNFF cumpla con lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución», ajustándose «a lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico».
Declara asimismo el general en la reserva que «parte de la documentación está constituida por folletos, recortes de prensa, resúmenes, libros, fascículos, programas de actos… que difícilmente se pueden considerar producto de la administración pública o de titularidad exclusiva de la administración pública». Otra parte es «personal» y «por tanto tampoco producto de la administración pública».
Alude Chicharro a que una vez culminada la digitalización de los fondos, el material pasó a formar parte de la red estatal de archivos, por lo que «el Centro Documental de la Memoria Histórica y entendemos que también el Archivo Histórico Nacional poseen copia de todos los documentos».
Acerca de la contestación del Gobierno a la pregunta de Mulet, Juan Chicharro considera «que es un juicio de valor» afirmar que los documentos «proceden» y tienen su «origen» en la Casa Civil, ya que «en la inmensa mayoría de los casos no es así». Asegura el militar además «que en las referencias oficiales» –una vez digitalizados los fondos– «se reconoce que la documentación procede del “despacho y dependencias privadas del que fue Jefe del Estado Español, Francisco Franco, enriquecido con aportaciones de otros fondos documentales particulares”».
Por último, manifiesta el presidente de la Fundación Franco estar al tanto de las intenciones «incautatorias» del Gobierno, que «vienen de lejos», aunque sí le parece novedoso que Moncloa necesite una «estrategia de colaboración interministerial», pero dice desconocer «a qué se refiere exactamente».
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