Tribunal Constitucional

El TC resolverá en pleno sobre las fórmulas de acatar la Constitución

Seis magistrados lo habían solicitado para evitar soluciones dispares. El Alto Tribunal prevé fallar en pocos meses los recursos de Ciudadanos, PP y Vox

El tribunal que preside Juan José González Rivas debe resolver si son válidas las fórmulas de acatamiento de la Constitución utilizada por diputados independentistas vascos y catalanes
El tribunal que preside Juan José González Rivas debe resolver si son válidas las fórmulas de acatamiento de la Constitución utilizada por diputados independentistas vascos y catalaneslarazon

«Con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre y al pueblo catalán, por la libertad de los presos políticos y exiliados, por imperativo legal, sí prometo»; «Prometo hasta la creación de una República vasca» o «Por la libertad de los presos políticos y exiliados políticos, por la República catalana» fueron fórmulas de «acatamiento» de la Constitución por distintos diputados en la anterior legislatura (Laura Borrás, de JxCAT, Metxe Aizpurua, de EH Bildu, y Gabriel Rufián, de ERC, respectivamente); y en la actual se utilizaron fórmulas similares, como la elegida por un diputado que prometió acatar la Carta Magna por «imperativo legal» y «contra el fascismo, el franquismo y el racismo, por la libertad de los presos políticos y por la república catalana».

¿Se ajustan este tipo de fórmulas a lo dispuesto por el TC cuando avaló que se utilizara la coletilla «por imperativo legal» a la promesa o juramento de la Constitución?

Esto es lo que va a decidir el Tribunal Constitucional en pleno, toda vez que ha decidido que todos los recursos que hay planteado por PP, Ciudadanos y Vox contra la decisión de las mesas del Congreso y Senado de avalarlas sean resueltos por la totalidad de los magistrados, para evitar que ante un mismo dilema jurídico se pueda llegar a resoluciones diferentes si son adoptadas por cada una de las dos salas del TC.

Ayer, la Sala Primera, formada por el presidente del Tribunal, Juan José González Rivas, Alfredo Montoya, Cándido Conde-Pumpido, Andrés Ollero, Santiago Martínez-Vares y María Luisa Balaguer acordaron que los recursos interpuesto por el PP y Ciudadanos contra la decisión de la Mesa del Congreso de avalar las fórmulas utilizados por diputados vascos y catalanes elegidos en los comicios de abril del pasado año e igual respecto al interpuesto por los populares en el Senado se avocaran al Pleno para su resolución. Alfredo Montoya es el ponente de los dos primeros y Ollero del tercero, el relativo al acatamiento de algunos senadores.

La Sala Segunda, integrada por los otros seis magistrados, es la que debe resolver el recurso de Vox y PP contra la fórmula elegida por casi una treintena de diputados en la legislatura vigente. La decisión será idéntica. y se resolverán en pleno.

La decisión de trasladar las resoluciones al Pleno se produce después de que tres magistrados de cada Sala así lo hubiesen solicitado, de ellos cinco considerados «conservadores» y uno «progresista», Cuando esto sucede no cabe ya otra opción que su remisión al Pleno, pues así lo dispone la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

De esta forma, lo primero será decidir si se admiten o no a trámite esos recursos, algo que se decidirá previsiblemente en uno de los dos plenos que celebrará el Alto Tribunal el próximo mes de julio, pues en el que tendrá lugar la última semana de este mes «es muy difícil que pueda llegar».

Dada la trascendencia del asunto, todo hace indicar, según fuentes jurídicas, que los recursos se admitirán a trámite. Después, cada ponente llevará su propuesta de resolución y dado que los motivos esgrimidos por PP, Ciudadanos y Vox son muy similares, se intentará buscar un punto de consenso, aunque «es absolutamente imprevisible lo que pueda suceder», como señala al respecto fuentes próximas al Alto Tribunal.

Sobre cuándo puede resolver el fondo de los recursos el TC, las citadas fuentes no aventuraron ningún plazo porque «depende de muchas variables», pero sí se confía que a la vuelta del verano, «en septiembre u octubre», se puede tener la decisión tomada, «pero tampoco se puede descartar que pueda ir al último pleno de julio, aunque esto es ya muy justo».

Hasta ahora, el TC se ha pronunciado en una ocasión respecto a la fórmula de acatamiento. Sucedió después de que en 1982 el pleno del Congreso decidiera suspender a los diputados de Herri Batasuna de sus prerrogativas al no dar por válida la fórmula de acatamiento de la Constitución «por imperativo legal».

Ante esa decisión del Congreso, los diputados abertzales recurrieron al TC y éste les dio al razón al permitir el uso de esas «coletillas», siempre que no se desvirtuara el acatamiento de la Carta Magna. Y ello porque, señalaba entonces, el Alto Tribunal, en un Estado democrático «no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución» española.

«Vacío de contenido»

En el recurso del PP contra los acatamientos de diputados vascos y catalanes en esta legislatura se destaca que todos los diputados tienen la obligación de acatar correctamente la Constitución para adquirir la condición plena de diputado y que el pasado 21 de mayo «algunos utilizaron» fórmulas que «vaciaron claramente de contenido» dicho acatamiento, «debiendo haber sido apreciada dicha circunstancia por la Presidencia del Congreso», Meritxel Batet.

De esta forma, los diputados en cuestión, en la sesión constitutiva del Congreso, utilizaron el acto de promesa o juramento a la Constitución «para proferir expresiones o lanzar proclamas en favor del desafío secesionista y contra la soberanía nacional», y también «para atacar a la Monarquía y al Poder Judicial, en un claro intento de condicionar o limitar el acto de sometimiento a la ley para vaciarlo de contenido».

Condenas del «Procés»

Por otro lado, el Tribunal Constitucional rechazará suspender cautelarmente las condenas impuestas por el Tribunal Supremo a los principales responsables del «Procés». El Alto Tribunal, en línea con la Fiscalía, sostendrá que las penas son muy elevadas y que superan con creces el límite de cinco años que tiene fijado como parámetro para suspender las penas mientras se resuelven los recursos.