El juez aplaza la declaración de la ex abogada de Podemos

El juez que investiga supuestas irregularidades en la financiación de Podemos tenía previsto escuchar hoy por videoconferencia el testimonio de Mónica Carmona, la ex abogada de Podemos que, al igual que José Manuel Calvente –que con su denuncia dio origen al procedimiento– fue despedida el pasado diciembre tras alertar sobre la existencia de presuntas irregularidades contables. Sin embargo, el juzgado de Barcelona no habilitó una sala para que pudiera comparecer por videoconferencia y el magistrado ha decidido aplazar su declaración hasta que sea posible.

Carmona –que fue responsable del área de Cumplimiento Normativo– ratificará las denuncias que ya hizo Calvente ante el juez sobre el supuesto descontrol de la «caja de solidaridad» de Podemos, las obras de reforma de su sede y el pago de presumibles sobresueldos a algunos de sus dirigentes. Unas denuncias que, según aseguró en su día el ex letrado a este periódico, incluso sustentará documentalmente.

Además de ratificar la denuncia de Calvente, Carmona puede añadir a la misma, según las fuentes consultadas, otra más: la presunta contratación de escoltas para dirigentes de la formación, entre ellos la ahora ministra Irene Montero, sin que pertenecieran a empresas de seguridad, como estipula la Ley de Seguridad Ciudadana.

Según la versión de Calvente, Carmona se percató a finales de octubre de 2019 del supuesto pago de sobresueldos proveniente de esa «caja de solidaridad» a través «de un confidente de dentro del partido que estaba cansado de lo que estaba sucediendo». Según explicó en una entrevista a LA RAZÓN el pasado agosto, ese año fue «muy conflictivo laboralmente en Podemos», pues «con la excusa de que no había dinero, había gente cobrando por encima de lo que le correspondía y eso indignó a algunos empleados del partido, que se lo trasladaron a Mónica». «Se despedía a gente y hubo muchas purgas, y como los afectados no se atrevían a reclamar se lo contaban a Cumplimiento Normativo y se cotejaba». Esas supuestas irregularidades, de las que advirtieron a la dirección, fueron las que terminaron provocando su salida del partido según explicaron.

Para la Fiscalía, no obstante, no hay indicios sólidos del cobro de esos sobresueldos en las nóminas aportadas por Calvente. «No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde», concluyó la acusación pública, para la que pese a que el cobro de cantidades por encima de las cantidades que el propio partido había fijado como límite ético puede ser «discutible» desde el punto de vista de su normativa interna, pero «no constituye hecho típico alguno».

La abogada también detallará las supuestas irregularidades sobre la reforma de la sede del partido morado. Al superar los 40.000 euros, argumenta en su denuncia el ex letrado morado, las obras tenían que licitarse. Pero antes de que terminara el proceso de licitación, dijo, ya se estaban llevando a cabo. Según él, esos trabajos se adjudicaron a dedo por 1,3 millones pese a que se habían licitado por 650.000 euros.