La Audiencia cierra “Gürtel” y lleva a juicio a 26 personas por la trama de blanqueo

Once años después de que el juez Baltasar Garzón comenzase a investigar la “trama Gürtel”, la Audiencia Nacional ha cerrado la última pieza en la que se investigaba a la red corrupta por el supuesto blanqueo de sus ganancias ilícitas. El magistrado José de la Mata ha abierto juicio oral contra 26 personas -entre ellas el líder de la trama Francisco Correa, su exnúmero dos Pablo Crespo y sus asesores fiscales-, y una veintena de empresas como responsables civiles subsidiarias, por delitos tributarios, de falsedad en documento mercantil y blanqueo y les impone fianzas que suman en total casi 200 millones de euros para hacer frente al pago de las hipotéticas multas.

Se trata de la última pieza que quedaba en instrucción en el Juzgado Central de Instrucción número 5 a excepción de la parte relativa a los “papeles de Bárcenas” que se reabrió y que todavía se investiga.

De la Mata ha indagado en la supuesta actividad delictiva desarrollada por la trama para ocultar su patrimonio, “en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigas en las piezas separadas”, recuerda el juez en su resolución, y la estrategia desarrollada por Correa y Crespo para blanquear presuntamente esas cantidades.

En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado señala que la finalidad de la “trama Gürtel” era “enriquecerse ilícitamente de forma sistemática, con cargo a fondos públicos, mediante de la obtención de contratos públicos tanto a través de sus empresas como de empresas de terceros, previo pago de la correspondiente comisión”. Para lograr su objetivo, continúa, crearon entramados societarios para conseguir contratos, “sobornando a autoridades y funcionarios públicos, con quienes se concertaron para vulnerar la normativa administrativa en materia de contratación pública”, y emitieron facturas falsas “para opacar los fondos obtenidos”, ocultando a Hacienda esos ingresos supuestamente ilícitos obtenidos, que “blanquearon para tratar de retornar a la vida mercantil lícita”.

“Para configurar estas estructuras y estas tramas -subraya el juez- se valieron de distintos grupos de asesores con distinta tareas y responsabilidades”. De ahí que, además de Correa y Crespo, el instructor proponga sentar en el banquillo a sus asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, así como a empresarios y supuestos testaferros que habrían participado en esa presumible operativa de ocultación de pagos a Hacienda pública. De Miguel y Blanco Balín, asegura De la Mata, “llegaron a figurar tanto como empleados suyos como administradores de muchas de las sociedades con la finalidad de dificultar que se descubriera que Correa era su único o mayoritario propietario”.

Eran precisamente esas sociedades, detalla, las que utilizaba la trama para ocultar a Hacienda los verdaderos ingresos y gastos del grupo empresarial mediante dos vías: simulando y deduciendo indebidamente gastos inexistentes mediante facturas falsas (cantidades que engrosaban su “caja B”) y “deduciendo como gastos correspondientes a la actividad mercantil de las empresas los referidos a servicios ajenos a dicha actividad”, como los prestados a favor del propio Correa, Crespo, el PP “y distintos cargos de esta formación política” y otros “gastos, encubiertos en facturas en las que se habría ocultado el verdadero servicio y destinatario”.

La estructura empresarial del líder de la trama para la que éste “obtenía contratos mediante sobornos a cargos públicos”, explica el magistrado, “se dedicaba básicamente a la organización de eventos y viajes”. No obstante, añade, esa estructura, bajo la dirección de Correa y con la “indispensable colaboración” del contable de la red, José Luis Izquierdo, y desde 2002, de Crespo, “desplegó también una amplia y persistente actividad dirigida a la ocultación de ingresos a la Hacienda Pública y a la deducción indebida de gastos”.

Entre los pagos a cargos públicos y a favor del PP deducidos indebidamente figurarían, entre otros, los correspondientes a actos de la campaña electoral de las elecciones municipales de 2003 del exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda (12.264,16 euros por actos electorales y otros 27.864,32 por el montaje y funcionamiento de una oficina electoral) y del también exregidor de Majadahonda Guillermo Ortega (viajes a su favor por 36.037,83 euros y 18.637,69 euros en 2003 y 2004, respectivamente, así como otros 90.000 euros "que se entregaron en 2004 en su nombre que se ingresaron en la caja B sin reflejarse en las declaraciones tributarias).

Las fianzas más elevadas se elevan hasta los 33,6 millones de euros en el caso de Correa y su exnúmero dos, a los que hay que añadir las cantidades por las posibles responsabilidades civiles que deben satisfacer los acusados por IRPF, IVA y Sociedades entre 2003 y 2007 reflejadas en la resolución.

De la Mata detalla que las cantidades multimillonarias que obtuvo Correa las percibió ocultándolas a través de una compleja estructura societaria y financiera con el objetivo de defraudar a Hacienda simulando la inexistencia de ingresos. Esos fondos, recalca, nunca fueron declarados pues, de hecho, el líder de “Gürtel” jamás presentó una declaración tributaria al menos desde 1999, ocultando así todos sus ingresos y rentas.

Respecto a Crespo, el instructor mantiene que también habría ocultado una parte de sus recursos económicos, que procederían tanto de su intermediación en adjudicaciones irregulares como de inversiones realizadas con Correa y servicios prestados al mismo. Esa ocultación se habría llevado a cabo a través de estructuras financieras y societarias en España y en el extranjero, cobrando esos ingresos en efectivo o a través de su sociedad Cresva y encubriendo sus gastos como servicios recibidos por algunas de las mercantiles que gestionaba.

El magistrado considera a los asesores fiscales de ambos cooperadores necesarios de esa operativa de fraude fiscal y blanqueo por haber participado supuestamente en el “diseño y desarrollo” de las estructuras societarias, calificando su papel de “absolutamente relevante en el diseño de la defraudación”.

“Eran asesores en materia de planificación fiscal y expertos en la creación de sociedades pantalla con finalidad de opacidad fiscal”, añade el juez, para quien De Miguel y Blanco Balín eran conscientes de que los entramados que crearon y pusieron al servicio de Correa y Crespo “para ocultar y hacer circular el dinero que, ilícitamente, sabían que estaban obteniendo, solo podía tener por finalidad defraudar a la Hacienda Pública”.

Para De la Mata, “lo relevante no es que colaboraran con Correa y Crespo en la creación de la maraña societaria, sino que existen elementos que permiten afirmar indiciariamente (siempre a los efectos limitados de esta resolución), que estamos ante entramados diseñados específicamente desde su misma concepción con la sola finalidad de defraudar el pago de impuestos. Por la misma razón se imputa a cada uno de ellos como cooperador necesario en las defraudaciones tributarias imputadas a ambos”.

El juez también lleva a juicio a Javier Nombela, Alicia Mínguez, Pablo Collado, Felisa Jordán e Inmaculada Mostaza por delitos tributarios a instancias de la Sala de lo Penal, que acogió los argumentos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en sus escritos de acusación.