Sueldos públicos

Iglesias gasta un millón de euros en pagar a 15 asesores

La suma de consultivos entre el vicepresidente y la ministra de Igualdad es de 24 personas que suponen 1,5 millones de euros para las arcas del estado

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E Servicio Ilustrado (Automático)DANI GAGO/ VICEPRESIDENCIA DE DE

El ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que lidera Pablo Iglesias cuenta con 15 asesores de confianza a su disposición, según informaba hace una semana el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria a proposición del PP, cuya diputada Alicia García Rodríguez precisaba conocer el número de personal eventual contratado en calidad de asesores, altos cargos y otros puestos de libre designación por la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, y su coste desde el pasado 1 de enero.

El Ejecutivo explica que el vicepresidente segundo del Gobierno cuenta con siete asesores propios en su gabinete de la vicepresidencia, mientras que la secretaría de Estado de Derechos Sociales, que depende de Nacho Álvarez -negociador por parte de Unidas Podemos en la redacción del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado- cuenta con cuatro asesores.

Así, el crédito en concepto de sueldo anual que tienen asignado estos 15 puestos es de 1.013.498,84 euros. Cabe señalar que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 fue creado mediante Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. Por consiguiente, no resulta posible facilitar el coste desde el pasado uno de enero.

Por otro lado, como ya informó este diario, esta misma semana el Gobierno informó sobre los asesores con los que cuenta el ministerio de Igualdad. Son nueve y reciben un salario anual bruto de 51.946 euros, mientras que la directoras de Gabinete de la Secretaría de Estado percibe un salario anual bruto de 60.881 euros. Ello supone un cómputo total de 476.449 euros.

De esta manera, entre la vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias y el ministerio de Igualdad, cuentan con 24 asesores para su uso, y el Estado gasta una media de 1,5 millones de euros al año para el pago de estos conceptos.