Crisis en Canarias

La Armada ante la inmigración ilegal

La Seguridad Nacional está gravemente afectada en Canarias por la llegada masiva de africanos desde la mar, en abierta violación de nuestras leyes de extranjería

El patrullero ‘Toralla’, en labores de vigilancia marítimaARMADA ESPAÑOLA16/11/2020
El patrullero ‘Toralla’, en labores de vigilancia marítimaARMADA ESPAÑOLA16/11/2020Servicio Ilustrado (Automático)ARMADA ESPAÑOLA

“Hagamos de la costa enemiga nuestra frontera”. Nada más alejado de la visión naval que tan pretenciosa idea. El mar -la mar, por su inmensidad, para quienes la conocen- no es el hábitat natural del ser humano. Es inhóspita, impredecible y peligrosa. Por tales motivos, no es susceptible de apropiación como la tierra, aunque el Derecho Internacional reconozca a los Estados ribereños un “Mar Territorial” y otros espacios marinos, en cuyo ámbito son titulares de derechos, y también de obligaciones.

La mar es, ante todo, camino para el comercio. En este sentido, más que separar, une a las naciones, que desde antiguo han reconocido la libertad de tránsito, aún en su propio mar territorial, en determinadas condiciones. Así, cuando surge un conflicto, de lo que se trata es de proteger el tráfico marítimo propio e impedir el del adversario. El control del mar es el medio para lograrlo, pudiendo llegarse al bloqueo de los puertos, variante marítima del sitio de una plaza. Lo cual constituye un acto de guerra.

Por fortuna, no estamos en guerra. Sin embargo, la Seguridad Nacional está gravemente afectada en Canarias por la llegada masiva de africanos desde la mar, en abierta violación de nuestras leyes de extranjería. El desembarco irregular masivo -18.000 personas en lo que va de año- en una isla no puede considerarse un episodio de “inmigración ilegal”. Tampoco son refugiados; es un peligroso desplazamiento de población que afecta a la Seguridad Nacional. Por su magnitud y focalización en un punto concreto de recalada, el puerto grancanario de Arguineguín, todo indica que está organizado y apoyado en la costa de origen. Quienes vivimos la “Marcha Verde” sabemos bastante de esto.

En tan dramática situación, Vox ha propugnado “el bloqueo naval de las islas por parte de la Armada Española”, y le asiste la razón, semántica aparte. Porque lo que, en realidad, está pidiendo es que se emplee la Fuerza Naval para contener nuevas oleadas. Es comprensible también que, instado por un informador a pronunciarse sobre el asunto en un encuentro con la Prensa, el Almirante López Calderón, Jefe del Estado Mayor de la Armada, aclarase doctrinalmente: “por terminología, el bloqueo naval no se aplica al propio país”, añadiendo que “la llegada de inmigrantes en la mar en lo que se traduce es en salvamento”.

Entiendo perfectamente al Almirante: ante una patera, sólo cabe el salvamento, y si es en nuestras aguas, quienes técnicamente son náufragos, en cumplimiento del Convenio SOLAS deben ser conducidos a puerto nacional, donde quedarían internados en un CIE para su posterior devolución al país de origen. Ahora bien ¿es eso cuanto la Armada, las Fuerzas Armadas, el Estado si quieren, puede hacer? Si bien no hay preguntas indiscretas, sobre todo las de la prensa, pueden serlo las respuestas, y acaso el Almirante haya querido evitar un pronunciamiento sobre lo que el Gobierno debería o no hacer. Sobraban, pues, las alharacas en titulares: “Contundente respuesta del Jefe de la Armada española a la petición de Vox de un bloqueo naval”. Sólo ha mostrado las limitaciones de operar en aguas propias para impedir la inmigración ilegal. Pero Vox no ha dicho eso.

¿Y qué podría, pues, hacerse? Los principales surgideros de cayucos están en Mauritania, Gambia, Senegal y Sahara Occidental. Verán, es imposible que una embarcación procedente de Saint Louis (Senegal), por ejemplo, navegue más de 500 millas con un motor fuera borda de 30 a 70 Cv (necesitaría del orden de una tonelada de combustible) y, en todo caso, que sus ocupantes lleguen frescos como se ve en las imágenes. Ello induce a sospechar la presencia en la mar de buques de apoyo. ¿Traficantes, oenegés…? De todo vimos en el verano de 2019 con el Open Arms, o en el verano pasado. Es ahí por donde se tendría que empezar.

Como agentes de la Acción del Estado en la mar, las Fuerzas Armadas -la Armada, en particular- pueden y deben reprimir los tráficos ilícitos en aguas internacionales, que es una forma de ejercer el control del mar. Tal es el objeto de las operaciones de interdicción marítima: en este caso, perseguir a las mafias y a posibles “buenos samaritanos”, interceptar los buques implicados (no ya las pateras) y conducirlos a puerto nacional para poner a sus tripulantes a disposición de los Tribunales como presuntos traficantes de seres humanos. Buen ejemplo de la Operación Sovereign Borders, conducida por la Royal Australian Navy, en coordinación con la Policía de Fronteras, para impedir la arribada ilegal de personas al litoral australiano.

De seguir el ejemplo del Gobierno de Australia, habría que hacer mucho más. Habría que tipificar como delito la entrada ilegal en el territorio nacional, con la accesoria de excluir cualquier ingreso legal posterior, exigir a los Estados ribereños el control de sus costas y puertos, recabar de nuestros socios la actuación de Frontex, hoy pasiva en el Archipiélago, tensar relaciones con “países amigos”, alguno de los cuales, con el que colaboramos, hace tan poco para evitar lo que se está convirtiendo en un grave desafío para la Seguridad Nacional. De no ser así, la oposición, Vox en este caso, debe exigirlo y los medios interpelar a quienes, como Ministros o Ministras, tienen el deber de dar una respuesta política, no profesional como los Mandos militares.

La Armada es una Institución nacional “obediente, no deliberante”. Sus Mandos pueden contestar -con la debida reserva- sobre capacidades y formas de acción en la mar, un medio desconocido, incluido su marco jurídico de referencia, para la mayoría de las personas. En este sentido, es normal aclarar la terminología para evitar malentendidos. Pero quede claro que, al clamar por la intervención de la Armada, más allá de la semántica, Vox apunta a la necesidad de preservar la integridad de nuestra frontera marítima haciendo uso de la Fuerza si es preciso, sea mediante la vigilancia, la interdicción marítima o, llegado el caso, mediante un bloqueo de los surgideros. Por hablar con precisión. La responsabilidad política de actuar o abstenerse de hacerlo, a quienes corresponde.

Agustín Rosety Fernández de Castro es Diputado Nacional de Vox por Cádiz