El CGPJ se “enfrenta” a la propuesta de limitar sus funciones y pide al Congreso que no apruebe sin oír antes su opinión y la de Europa

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial no se ha puesto de perfil ante la Proposición de Ley presentada por PSOE y Unidas Podemos con la que se pretende limitar sus funciones y que no puedan realizar nombramientos cuando su mandato haya vencido y no se haya producido la renovación. Por ello, ha aprobado la propuesta presentada por seis vocales -José María Macías, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Martínez Moya, Wesceslao Olea, María Victoria Cinto y Rafael Fernández Valverde- para que el Congreso, antes de ninguna aprobación, les pida informe sobre la citada Proposición de Ley, al igual que a la Comisión de Venecia, órgano dependiente del Consejo de Europa. La propuesta, aprobada con 16 votos a favor y cinco en contra, también insta a los partidos, una vez más, a proceder de forma inmediata a renovar el CGPJ, que lleva ya más de dos años con el mandato vencido.

Los vocales Álvaro Cuesta -ex diputado del PSOE-, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez son los vocales que se han opuesto al acuerdo adoptado y emitirán el correspondiente voto particular discrepante con la mayoría. De esta forma, no sólo han respaldado la propuesta los vocales “conservadores”, sino también algunos “progresistas” como Roser Bach, Enrique Lucas, María Victoria Cinto y Mar Cabrejas.

Además de instar al Congreso a que solicite informes tanto al CGPJ como al Consejo de Europa, el Consejo pone de manifiesto ante dicha Cámara la necesidad de dar audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta,” en particular las asociaciones de jueces y fiscales, así como a las demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia”.

Y, junto a todo ello, se da traslado del acuerdo adoptado a la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ)” a los efectos oportunos”.

Trascendencia constitucional

En el acuerdo adoptado se reconoce que no existe obligación por parte del Congreso de los Diputados de solicitar esos informes, algo que sí es obligatorio en lo que afecta al CGPJ en los anteproyectos de Ley. Sin embargo, dada la “trascendencia constitucional de la modificación propuesta y la exigencia de «interpretación conforme» con el Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”, que demandan que toda iniciativa legislativa –cualquiera que sea su origen- que, como la iniciativa planteada por los dos socios de Gobierno, delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del poder judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, “deba tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados”.

Eso incluye, añade el acuerdo, al propio CGPJ y a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia -Consejo de Europa-) así como a las asociaciones judiciales, de fiscales, los Consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las Comunidades Autónomas. También resulta de lo anterior que el propio CGPJ comunique este acuerdo a la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ) a los efectos oportunos