Rechazo justificado

Ha llegado el día en el que los servicios jurídicos del Congreso han hecho un informe favorable a la tramitación de una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades cometidas por el Rey Emérito, acaecidas tras su abdicación.

Ese día iba a llegar tarde o temprano, cuando los grupos parlamentarios promotores acertasen a hacer una solicitud que sorteará la inmunidad constitucional que amparaba al anterior Jefe del Estado hasta el momento de la abdicación.

Del mismo modo, también ha llegado el día en que el PSOE manifieste su oposición política a la creación de una comisión de investigación sobre las actividades de Don Juan Carlos. En esta ocasión la posición del partido del presidente del Gobierno no se basa en razones formales, reglamentarias o amparadas en los dictámenes de los servicios de la Cámara.

Es una posición basada en el principio de oportunidad, que es un principio legítimo y de aplicación habitual en la actividad política. Digámoslo claro, el PSOE se opone a que sus socios en el Gobierno, acompañados de otros partidos, con la excusa de investigar las actividades presuntamente ilegales del Emérito, pongan en tela de juicio y cuestionen la monarquía parlamentaria amparada en nuestra Constitución. La razón es que el Partido Socialista es perfectamente consciente de las intenciones reales de Iglesias y los suyos, que no son precisamente investigar irregularidades, sino generar un debate permanente respecto a la forma del Estado, cuestionando la monarquía y abogando por la república.

No solo es legítimo que el Grupo Socialista se haya opuesto a la comisión de investigación, sino que también está absolutamente justificado. Podemos ha presentado esa iniciativa en base a un juicio y un planteamiento político legítimo, pero sus razones no son de índole jurídica, ni el Congreso de los Diputados tiene la obligación de impulsar determinadas iniciativas.

El Congreso es una Cámara política, de representación democrática de la ciudadanía, y no actúa como un tribunal o como lo hace la fiscalía, en aplicación de la ley, sino que lo hace según el criterio político de los partidos y sus representantes. Tan legítima es la petición de Podemos como la oposición del PSOE y del resto de partidos. En este tema, y conociendo las pretensiones reales de Podemos, el PSOE ha preferido poner pies en pared y dejar las cosas claras a Iglesias y a la ciudadanía.