Moncloa frena el toque de queda para salvar el 14-F

El TSJC mantiene la fecha para celebrar las elecciones catalanas de forma cautelar. Illa se instala ya en Cataluña en pleno pico de la tercera ola de la pandemia

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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, improvisó ayer sobre la marcha un acto en Barcelona para visitar unos laboratorios. Su agenda oficial aparecía vacía en las previsiones del Ministerio. El sábado, no casualmente, el PSOE ha convocado su Comité Federal también en Barcelona. Y el ministro candidato ya ha presentado su primer vídeo para la campaña electoral. Todo esto en pleno pico de la pandemia y cuando sobre sus espaldas pesa la carga de que, si no se adoptan medidas más restrictivas para frenar los contagios, y reducir las víctimas, es porque esas medidas son incompatibles con mantener la campaña electoral que tanto desean en Moncloa y en el PSC que siga adelante justo ahora. Además del temor a que influya en la decisión final del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que todavía tiene en sus manos la fecha de las urnas.

En una estrategia en la que desde el punto de vista del interés de partido intentan no dar puntada sin hilo en la fontanería del Gabinete de Pedro Sánchez y de Ferraz, aceptar la petición mayoritaria de las comunidades de revisar el marco del actual estado de alarma para facilitar el toque de queda o más restricciones a la movilidad es una «bomba nuclear».

Barones populares y barones socialistas creen que Illa da largas a la demanda autonómica, solemnizada en el último Consejo de Política Interterritorial, porque si el Gobierno permite poner el toque de queda a las seis o a las ocho de la tarde, y Cataluña lo pide, ¿cómo va a haber elecciones? Y esto arruinaría los planes de la dirección socialista, a los que ayer dio aire el CIS de Tezanos concediendo al candidato Illa una subida histórica que le coloca incluso en la Presidencia de la Generalitat.

Todos los expertos recomiendan el toque de queda y un mayor confinamiento para hacer frente a la tercera ola. A menos movilidad, menor contagio. «No existe ninguna razón para que no facilite las peticiones de las comunidades autónomas. Solo existe una razón, si reconocen la gravedad de la tercera ola tienen que pedir el retraso de las elecciones catalanas», señalan desde unas de las autonomías más castigadas por la nueva explosión de la pandemia.

Como dato, Galicia y País Vasco retrasaron las elecciones por el virus con una menor incidencia que ahora. Y todas las previsiones, los semáforos del Gobierno, han saltado por los aires. Pero el próximo viernes 29 debe darse el pistoletazo de salida a la campaña catalana, que estará condicionada en su formato por la situación de la pandemia, y que en Moncloa confían en que siga adelante en tanto puedan mantener el control de la supuesta cogobernanza, y no se deje a la Generalitat que, por motivos sanitarios, o políticos, puntualizan, adopte nuevas restricciones que hagan insostenible mantener el mantra de que debe haber elecciones.

Cierto es que la maniobra independentista de suspender las elecciones era una cacicada a todos los efectos, porque no tenía cobertura legal alguna. No todo vale para frenar la caída secesionista. Pero tampoco vale todo para imponer una estrategia política en la que hay una variable que se ha escapado al control de Moncloa: la evolución de la pandemia.

La presión de las comunidades no va a parar. Al menos en tanto las cifras no comiencen a bajar, por mucho que desde Sanidad se les pida paciencia y se les dé largas, a la espera de que la semana que viene se celebre otro Consejo de Política Interterritorial en el que podría no asistir ya ni Salvador Illa por la campaña. Ayer Andalucía se sumó a la llamada al confinamiento voluntario que se ha hecho en otras autonomías o en ayuntamientos. Y en ese sentido apuntó también la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, en una entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero.

En una semana, salvo decisión judicial en contra, Illa tendrá que haber abandonado el ministerio para hacer campaña en las elecciones catalanas, que, de momento, se mantienen para el 14 de febrero. Desde las autonomías se pide que adelante ya esa salida, «una vez que ha empezado a instalarse en Cataluña», para que «permita la entrada de otro responsable del ministerio que pueda actuar con mayor equidad». Es un llamamiento teórico porque todos los gobiernos autonómicos saben que con Illa o sin Illa en el ministerio, las decisiones sobre el estado de alarma y los toques de queda las adopta directamente el presidente del Gobierno. No son responsabilidad del ministro de Sanidad.

Illa había conseguido en la gestión de esta pandemia abrir una relación cordial con la mayoría de los presidentes autonómicos, incluso desde la discrepancia. Su talante y sus formas eran hasta ahora reconocidas, pero el punto de inflexión que supone el estallido de la tercera ola, y la imagen de que se están primando los intereses partidistas por encima de los sanitarios, está arruinando ese capital. Incluso se ha enfrentado con presidentes autonómicos como el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con los que ha mantenido una buena colaboración en estos meses.

La jugada de Sánchez con Illa tiene un riesgo sanitario importante, pero también importantes riesgos políticos. Las maniobras del secesionismo, la pandemia y la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña amenazan con dejar en tierra de nadie las elecciones, y que Illa se queda, igualmente, completamente descolocado y sin crédito para gestionar la emergencia nacional a la que sigue enfrentándose España. Aunque la campaña electoral comience el 29 de enero, a la espera del pronunciamiento final de la justicia, puede alargarse meses si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acepta en último término la demanda de la Generalitat. Y los toques de queda o el aumento de las restricciones son argumentos que en Moncloa temen que influyan en el clima jurídico. El TSJC analizó ayer los recursos interpuestos contra el decreto que retrasaba las elecciones autonómicas y ha decidido mantener cautelarmente la fecha del 14 de febrero. Por razones de urgencia la sala ha acelerado los trámites con la previsión de tomar una decisión definitiva, escuchadas las alegaciones, antes del 8 de febrero, ya en plena campaña.