Manos Limpias denuncia que la investigación de la “caja B” del PP está “intoxicada”

Manos Limpias no ejercerá la acusación en el juicio de la “caja B” del PP. El sindicato ha decidido retirarse del procedimiento, que según denuncia está “intoxicado y contaminado por las acusaciones populares” -entre las que figuran Izquierda Unida y el Partido Socialista del País Valenciano-, que en su opinión “lo único que pretenden es sacar rentabilidad partidista”.

De hecho, considera que lo que se está haciendo es criminalizar y “lapidar” a los procesados, entre ellos el PP -que se sentará en el banquillo como responsable civil subsidiario y que ya intentó sin éxito que las seis acusaciones populares se agruparan en una sola representación letrada- y Luis Bárcenas, que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión por apropiación indebida.

En el juicio que comienza el próximo 8 de febrero, en el que declararán como testigos los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar, se trata de esclarecer si el PP pagó con dinero opaco las obras de reforma de su sede central en Madrid entre 2005 y 2010. Además de Bárcenas -en prisión tras ser condenado a 29 años de cárcel por el “caso Gürtel”-, están acusados el exgerente de la formación Cristóbal Páez y dos responsables y una empleada de Unifica, la empresa que llevó a cabo las obras. En principio, esta previsto que la vista oral concluya el próximo 20 de mayo.

En un comunicado, Manos Limpias sostiene que “criminalizar y lapidar a cualquier investigado, como se hizo con Miguel Bernad y Manos Limpias” sin que hayan sido condenados “es vulnerar no solo derechos fundamentales” sino también “los elementos básicos del derecho penal”.

Bernad, secretario general de Manos Limpias, está siendo juzgado en el “caso Ausbanc” por las supuestas extorsiones que, de la mano de la asociación de consumidores y usuarios y su presidente Luis Pineda, habrían llevado a cabo con entidades bancarias y con la defensa de la infanta Cristina a cambio de retirar acciones judiciales.

La Fiscalía pide para Bernad una condena de casi 25 años de cárcel por delitos de organización criminal y extorsión por poner supuestamente al sindicato al servicio de Ausbanc para supuestos chantajes y presiones a empresas y entidades bancarias. Para evitar suspicacias, el sindicato precisa en su comunicado que detrás de este paso atrás en la causa de los papeles de Bárcenas “no se esconde ningún interés espurio” ni ningún “tipo de presión”.

“Abuso de la acción popular”

“Un proceso con tantas acusaciones populares -sostiene el letrado- “además de producir dilaciones quebrando el principio de seguridad jurídica vulnera el principio de igualdad de armas”. En su opinión, en esta causa se está produciendo un “abuso de la acción popular” cuando, como en este caso, la Fiscalía sí ejerce la acusación.

Además de Rajoy y Aznar, testificarán el exvicepresidente Rodrigo Rato -que fue condenado por el uso fraudulento de las “tarjetas black”- y cuatro ex secretarios generales del PP: María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos.

La Fiscalía imputa a Bárcenas delitos fiscales, de apropiación indebida y falsedad documental (los mismos que atribuía al ya fallecido Álvaro Lapuerta). Para Páez solicita una condena de 18 meses de cárcel y para los dos responsables de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, una pena de tres años y diez meses de prisión, mientas que no acusa a la empleada de la constructora que se sienta en el banquillo porque sí lo hacen las acusaciones populares.

En su declaración como testigo en el juicio por la primera época de la trama Gürtel, Rajoy aseguró que nunca supo de la existencia de una contabilidad opaca en su partido, porque sus competencias eran políticas y no contables. Sin embargo, en la sentencia que terminó provocando la moción de censura contra él y apartándolo de la presidencia del Gobierno, se cuestionó la veracidad de su testimonio al mismo tiempo que se daba por acreditada la existencia de la “caja B” del PP, precisamente el objeto de este juicio. Esa extralimitación procesal acarreó que el magistrado José Ricardo de Prada fuera apartado del tribunal que juzgará los hechos.

En la misma línea que Rajoy, Arenas, Álvarez Cascos y Acebes negaron al tribunal haber tenido conocimiento de esa “caja B” en su calidad de secretarios generales del partido pues la atribución al respecto, coincidieron, correspondía a Lapuerta, en esas fechas responsable de Tesorería del PP.