Economía

"Caso Ausbanc"

Pineda apremia a la Audiencia a esclarecer si el BBVA está detrás de la denuncia anónima contra él

La defensa del presidente de Ausbanc quiere que se cite a declarar como imputados al expresidente de NovaGalicia y a dos inspectores de la UDEF

La Audiencia Nacional retoma el juicio a los líderes de Ausbanc y Manos Limpias
El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, durante su declaración en el juicio por presuntas extorsiones a entidades bancarias de la asociación de consumidoresFERNANDO VILLAREFE

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, sigue convencido de que el BBVA y Villarejo están detrás de la denuncia anónima que en 2015 le llevó a la cárcel y que le ha sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional por supuestas extorsiones a entidades bancarias y empresas a cambio de no publicar informaciones contra ellas o de retirar acusaciones en procedimientos judiciales con la ayuda de Manos Limpias.

En un escrito remitido a la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso LA RAZÓN, su defensa reclama que se cite a declarar como investigados tanto al ex presidente de NovaGalicia José María Castellano como a dos inspectores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para intentar demostrar que esa denuncia anónima “era parte del plan encargado por el BBVA para destruir” tanto a Ausbanc como a él mismo.

Igualmente, insta a la Audiencia a reclamar a la unidad de Asuntos Internos de la Policía “que lleve a cabo las averiguaciones tendentes a esclarecer los hechos denunciados en este escrito”, sobre todo en relación a esa denuncia anónima. Y también pretende que se requiera al Registro Mercantil Central para que informe quién solicitó y en qué fecha toda la documentación mercantil adjunta a un oficio policial de junio de 2017 sobre las cuentas de Ausbanc.

Pineda pretende que se interrogue a Castellano en relación a un documento que, según la UDEF, aportó a la causa y que el expresidente de NovaGalicia no habría reconocido en el que se señala a Pineda como “jefe nacional” del grupo de extrema derecha Frente de la Juventud a principios de los años 80, asegurando que en 1980 fue encarcelado por el atraco a una anciana y que organizó en Madrid una acción violenta del Frente de Juventud en el primer aniversario del 23-F “con cócteles Molotov y objetos contundentes”.

Tras declarar ante la UDEF en septiembre de 2015, el expresidente de NovaGalicia aseguró en junio de 2016 al juez Santiago Pedraz, instructor del “caso Ausbanc”, que había sido objeto de un supuesto chantaje por parte de Ausbanc después de que decidiese cancelar todos los contratos que tenían firmados con la asociación de consumidores, una presunta extorsión que según explicó trasladó a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

La defensa de Pineda hace hincapié en que Anticorrupción dejó claro en un escrito del pasado octubre que en este procedimiento también se investiga si existió “connivencia” entre el BBVA y Villarejo con la UDEF para utilizar esa denuncia anónima del comisario jubilado para impulsar una investigación judicial. En esa línea de investigación, el abogado de Pineda, Miguel Durán, pone esta vez sobre la mesa diversos documentos incautados tanto a Villarejo -en prisión por el “caso Tándem” desde noviembre de 2017- como a Rafael Redondo, su socio en el Grupo Cenyt, que utilizaban para sus supuestas actividades de espionaje parapolicial.

El presidente de Ausbanc -para quien la Fiscalía pide una condena de 118 años de prisión- mantiene que el BBVA contrató a Villarejo para que le investigara tanto a él como a la asociación de consumidores recurriendo “de manera ilegal” a fuentes “de información reservada” y a la “difusión de noticias falsas” para que se plasmara posteriormente en un informe de la UDEF y en un procedimiento judicial.

Su defensa hace referencia, entre otros, a un documento manuscrito de mayo de 2013 incautado a Villarejo en el que apunta: “Pineda en su carrera de hacerse con marcas se ha hecho con Manos Limpias”, que considera el germen de “la tesis que se utilizaría para posteriormente difamar y “montar” un proceso”, que Pineda se hizo con el control de Manos Limpias para extorsionar a los bancos que no accedían a insertar publicidad en sus publicaciones.

Asimismo, el letrado llama la atención sobre otra anotación, ésta de Redondo, en la que reseña, dice, la “necesidad de revisar el contrato del “proyecto PIN” (el supuesto encargo del BBVA a Cenyt) dado que el 9 de febrero de 2015 la UDEF ya había realizado el informe que activaría la instrucción judicial.

“Blanquear” las actividades de Villarejo

Para Pineda miembros de la unidad policial “habrían actuado concertadamente con el grupo Cenyt para incoar actuaciones de forma oficial y “blanquear” el delictivo proceder del comisario José Manual Villarejo, su equipo de colaboradores y el BBVA”.

Uno de los inspectores cuya declaración reclama como testigo es el autor de un informe de junio de 2017 sobre Pineda y Ausbanc que incluía las cuentas anuales de la asociación y sus filiales obtenidas del Registro Mercantil Central. Según la defensa de Pineda, en la documentación adjunta a ese oficio policial consta que esa información fue expedida el 9 de enero de 2015, un mes antes de que se presentara la denuncia anónima contra él. “¿Cómo es posible que el inspector de la UDEF remita un oficio al Juzgado Central de Instrucción número 1 en el que se aporta documentación mercantil solicitada por la Policía el 9 de enero de 2015?”. “La respuesta es bien simple: porque se llevó a cabo una investigación ilegal en la que la denuncia anónima pactada constituía simplemente el elemento transformador de lo ilícito en lícito”, asegura.

Para la defensa del presidente de Ausbanc “se falsificó la fecha del sello de registro de recepción de la denuncia anónima y se cometió una falsedad en la narración de los hechos” que recoge ese informe policial, “porque claramente se dice en él que la denuncia anónima se recibió el 2 de febrero de 2015” en el Grupo II de Fraude Financiero, “aun cuando consta una investigación policial anterior a ese día”. “Todo ese acervo policial generado por el comisario en activo José Manuel Villarejo y la participación de otros colaboradores constituyó el contenido de la denuncia interpuesta por la Fiscalía el 13 de noviembre de 2015”, sostiene, admitida a trámite tres días después en la Audiencia Nacional.