Economía

Pablo Iglesias logra otro nuevo compromiso del Gobierno para regular los alquileres

El Consejo de Ministros avala el documento político de vicepresidencia que incluye intervenir el mercado, mientras que el PSOE continúa rechazando la medida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez conversa con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias durante la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes en Moncloa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez conversa con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias durante la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes en Moncloa FOTO: Pool Moncloa / Borja Puig de la Pool Moncloa / Borja Puig de la

En medio de la negociación de la futura ley de vivienda en la que PSOE y Unidas Podemos encallan por la intención de intervenir el mercado de alquiler para bajar los precios, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha logrado por tercera vez el compromiso del Ejecutivo, por escrito, para articular “mecanismos de contención o eventual bajada de los precios”.

Un acuerdo al que ha llegado hoy el Consejo de Ministros tras aprobar un amplio documento político redactado por parte de la vicepresidencia segunda con el que el Ejecutivo sella por tercera vez su compromiso de intervenir el mercado del alquiler. El presidente y los ministros han dado luz verde al informe “Directrices Generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible, elevado por el vicepresidente Pablo Iglesias en el que se incluye el compromiso de aprobar “acciones políticas que garanticen en el derecho a la vivienda reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la propia Constitución Española”. Un compromiso que llega a la par que la negociación entre Transportes y la vicepresidencia encalla por la negativa del PSOE a intervenir el mercado del alquiler.

El documento señala que para poner freno a las subidas abusivas del alquiler se deben impulsar “las normativas necesarias para ello”, entre ellas " debe incluirse la facultad a las comunidades autónomas y ayuntamientos de establecer su índice de precio” y la “habilitación de los ayuntamientos para declarar zonas urbanas de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler y la articulación de mecanismos de contención o eventual bajada de los precios”.

Además, el documento también recoge que se garantizará la “alternativa habitacional en caso de procedimiento de desahucio, mediante medidas para asegurar el realojo inmediato, alternativas de alquiler social y el establecimiento de un informe obligatorio de los servicios de bienestar social en caso de dicho procedimiento”, y vuelven a puntualizar que “todo ello debe realizarse con el objetivo de cumplir el compromiso del Gobierno”.

Según el documento, esta cuestión, “será, tal y como establece el compromiso del Gobierno de España, una de las cuestiones fundamentales de la nueva Ley de Vivienda”. Un compromiso avalado por Moncloa que choca, sin embargo, con la posición que mantiene en la actualidad el PSOE sobre regular el precio de los alquileres. De hecho, la propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, rechazó esta medida este lunes y apostó por aumentar el parque público de vivienda. “Regular los precios de los alquileres no es una medida que vaya a solucionar todos los problemas”, afirmó en una entrevista en TVE.

Tercer compromiso del Gobierno

No es, de hecho, la primera vez que el Gobierno se compromete en este sentido, sino la tercera ocasión en la que avala esta pretensión con la que ahora los morados presionan para que el Ejecutivo acometa la reforma. La primera vez que el Ejecutivo selló esta responsabilidad fue con la firma del acuerdo de coalición. “Se elaborará un Plan de actuación de SAREB para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales”, reza el pacto firmado en su punto 2.9.7.

Posteriormente, lo volvieron a refrendar en octubre con motivo del pacto de Presupuestos Generales del Estado. Entonces, ambas partes acordaron que la negociación la llevarían a cabo el ministerio de Transportes y la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales, especificando, además, un plazo máximo “de tres meses” para llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros y un plazo de cuatro meses para presentarla en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, cuatro meses después, la futura ley sigue encallando.