Jupol denuncia “persecución” contra su secretario general por parte de la cúpula policial

El sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía, Jupol denuncia que su secretario general, José María García Fernández está siendo “perseguido” por parte de la Dirección General de la Policía por hacer su labor sindical.

Fuentes de Jupol critican haberse enterado a través de un medio de comunicación de que se va a sancionar a García Fernández, conocido como “Chema”, con 12 meses de empleo y sueldo por “incompatibilidad lucrativa” porque habría ejercido, “de manera simultánea”, como subinspector y administrador único en su empresa constructora “Excavaciones y Asfaltos Aviles, S. L” de las que, la dirección de la Policía estima que se habría lucrado “de importantes sumas” procedentes de fondos públicos.

Desde Jupol subrayan que es cierto que el secretario general de dicho sindicato fue administrador único de dicha empresa desde 2015 hasta 2018 -algo que el García Fernández habría reconocido-, pero, recalcan, que “no obtuvo, ni ha obtenido beneficio alguno” y que, así lo puede acreditar con documentación. Dicha empresa, “se abrió a su nombre después de una pérdida familiar que dejó a su primo en una precaria situación”, por lo que García Fernández reconoce que estuvo “mal asesorado”, indican desde Jupol. De haberlo dicho a tiempo, subrayan que habría sido reconocida la compatibilidad; sin embargo, el reproche es debido a que no lo comunicó.

Instructor ex asesor del PSOE

Desde Jupol recuerdan que, la persona indicada para incoar expediente disciplinario y resolver el mismo es el Director General de la Policía y que fue “dos meses después, tras permanecer paralizado dicho expediente, y tras las denuncias del sindicato” contra la cúpula policial. Entonces, según denuncia Jupol, fue nombrado instructor un ex asesor del PSOE en el Congreso, que militó en las filas del partido en La Coruña donde ocupó el puesto de secretario de acción electoral y, por tanto, estrechamente vinculado al Director General de la Policía . Éste es quien “propone incoar expediente disciplinario y calificar los hechos como muy graves”. Jupol tilda de “desproporcionada” la sanción y que pasara de ser tipificada de “grave”, que implicaría hasta tres meses de sanción-cuya falta prescribe al año- a “muy grave” -a partir de tres meses- pero, subrayan que por “incompatibilidad” suele ser de cuatro a seis meses y que, en este caso, se habría elevada a doce meses-. Consideran que esta “desproporción” está vinculada presuntamente a raíz de las denuncias del sindicato contra el Director General de la Policía.

A esto, se le suma otra sanción por enfrentarse a un superior en una manifestación en la que reclamaron mayores medidas para prevenir el suicidio de compañeros.

Desde Jupol atribuyen lo ocurrido y la falta de “proporcionalidad” a una clara “persecución” por parte de la Dirección General de la Policía por la actividad sindical que ejerce su secretario general y advierten de que ellos son un sindicato “guerrero”, que no les van a callar y que tampoco se compra su voluntad. Además, destacan que desde que llegaron “sabemos que somos incómodos”.

Jupol destaca la “coincidencia temporal” en la que la información sancionadora fue arrojada: justo cuatro días antes de una concentración anunciada por el sindicato policial en redes sociales por para asistir a los Juzgados de Barcelona el día 9 de marzo. Ese día el Director General Francisco Pardo y el director adjunto operativo debían declarar en calidad de “investigados” por la querella interpuesta por los graves disturbios que se sucedieron en octubre de 2019 en la “operación Ícaro” en la que resultaron heridos grave varios miembros del Cuerpo.

Querellas del sindicato

Recuerdan que, en nombre del secretario general de Jupol se han interpuesto querellas contra el director general de la policía y el DAO por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores, -disturbios de Cataluña, “operación Ícaro”-. También hay imputaciones contra el Director General por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y prevaricación por omisión en su gestión de la pandemia que, recalcan, fue admitida a trámite y otra denuncia contra un presunto delito contra la libertad sindical.