Investigación

El juez cita a doce empleados de Podemos para interrogarles sobre los trabajos electorales de Neurona

El magistrado Juan José Escalonilla les llama como testigos el 26 de abril por su participación en la campaña electoral de 28-A de 2019

Calvente denunció al juez "contratos simulados" con la consultora vinculada a Monedero, pero admitió que son sospechas
Irene Montero, Pablo Iglesias, Rafa Mayoral, JUan Carlos Monedero y Juanma del Olmo en un acto de PodemosEUROPA PRESS14/08/2020larazonEUROPA PRESS

El juez de Madrid que investiga un presunto delito electoral de Podemos en las elecciones de abril de 2019, Juan José Escalonilla, ha citado a declarar como testigos el 26 de abril a doce integrantes del equipo que realizó esa campaña electoral para la formación morada, según la providencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. Con esta comparecencia el magistrado trata de averiguar si la consultora Neurona hizo los trabajos por los que cobró 363.000 euros, tal y como aseguran desde la coalición electoral de Unidas Podemos, o si por el contrario estas labores las realizaron los trabajadores del partido.

Entre los testigos se encuentra el que fuera coordinador de las elecciones de abril de 2019, Guillermo Magariños, quien fue identificado en sede judicial por el jefe de Comunicación del partido, Juan Manuel del Olmo, imputado en la causa, como la persona en la que delegaba sus funciones en la campaña electoral.

En su declaración como investigado, Del Olmo también aseguró al magistrado que él no conocía a los trabajadores de Neurona; pero sin embargo confirmó que las personas que formaban el equipo de comunicación sí habían tratado con los empleados de la consultora mexicana.

Siete meses después

En este sentido, en un escrito dirigido al juez la Fiscalía censuró la actuación de Podemos, que “casi siete meses después de iniciar las investigaciones” no ha aportado información que permita “determinar qué trabajadores tuvo Neurona, cuánto tiempo trabajaron en España, si se desplazaron desde México y dónde se hospedaron, información de fácil acceso al ahora apelante que no ha sido facilitada”.

Este es uno de los motivos por los que el instructor ha citado a declarar a los integrantes del equipo de campaña de Podemos. El resto de testigos son trabajadores de redes sociales, audiovisuales y prensa, excepto el trabajador K. G. G. considerado por el juez como el responsable de los servicios contratados con Facebook y redes sociales en los que se insertaban los trabajos realizados por Neurona.

Escalonilla ya había citado a otros trabajadores: Silvia S. R. y Víctor L. B. “de cara a comprobar la realidad de prestación por Neurona Comunidad S.L. de los servicios que presuntamente le fueron contratados por el partido político Podemos”, según consta en un auto de 27 de noviembre.

Un cámara de Podemos

También compareció Tirso N. quien –según consta en la documentación electoral aportada por Unidas Podemos– era el cámara que grababa para Podemos las campañas electorales. Según la acusación, precisamente uno de los pagos efectuados a Neurona Comunidad se justificaba en ese tipo de grabaciones de carácter electoral, por lo que supuestamente se habría abonado un servicio que ya se estaba realizando por una persona contratada por la coalición.

La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía investiga si es veraz o no la documentación aportada al juez del «caso Neurona» por Podemos sobre la presencia en España de trabajadores de la consultora de matriz mexicana durante la campaña electoral de abril de 2019.

Investigación de la UDEF

Asimismo, la UDEF está intentando determinar si los vídeos que aportó Podemos sobre su sede electoral en la madrileña Calle de Maudes –donde, según insiste la formación, personal de Neurona estuvo trabajando– fueron grabados verdaderamente en ese local y en las fechas de la campaña electoral del 28-A.

El instructor, que investiga la presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partidos políticos, considera que el acuerdo suscrito por Podemos y Neurona Comunidad el 27 de febrero de 2019 por el que la consultora percibió 363.000 euros fue “un contrato simulado, en cuanto no obedeció a prestación de servicio alguno por parte de dicha mercantil”, según especifica en un auto del pasado 12 de enero.