El Gobierno de Sánchez se estrella contra la Justicia: 12 reveses judiciales en cuatro meses

El Gobierno de Pedro Sánchez propugna la separación de poderes, aunque algunas de sus acciones pongan este posicionamiento en entredicho. La reforma del CGPJ para limitar sus funciones con el mandato agotado o las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo sobre los indultos como una forma de “reequilibrar y contrapesar poderes” son buena muestra de ello. En demasiadas ocasiones, el Ejecutivo se estrella contra los jueces y la prueba es que en los últimos cuatro meses ha sufrido al menos 12 correctivos desde el poder judicial, en los que los tribunales y la Fiscalía han emitido sentencias e informes que se han posicionado en contra de decisiones adoptadas por el Gabinete de Pedro Sánchez, o de leyes que el Ejecutivo tiene previsto sacar adelante.

Los tres últimos contratiempos para el Gobierno se han producido esta misma semana. A la decisión de la Audiencia Nacional de suspender cautelarmente las últimas restricciones contra la Covid-19 aprobadas por el Ministerio de Sanidad, que obligaron a Carolina Darias a rectificar y dar “barra libre” a las CC AA en las restricciones, se han sumado dos informes críticos con reformas impulsadas desde Moncloa. Se trata del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la Ley de Memoria Democrática y el borrador que el Consejo Fiscal estudia sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Por otro lado, el Tribunal Constitucional anuló la disposición con la que Moncloa “blindó” la presencia del entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, dentro del decreto-ley que impulsó el 17 de marzo para paliar los efectos económicos de la pandemia, por no concurrir el presupuesto inexcusable (la extraordinaria urgencia y necesidad) que habilita al Ejecutivo para usar el decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia. Los magistrados consideraron que era inconstitucional.

Informe contra los indultos

Los jueces también se han posicionado en contra de la concesión del indulto a los líderes del “procés” condenados por sedición. El tribunal sentenciador emitió el informe preceptivo en contra de la medida de gracia en un escrito muy duro en el que argumentaban que no hay desproporción en las penas impuestas ni se ha dado arrepentimiento. El tribunal afirma que las razones invocadas pierden cualquier justificación “cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional y a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones”.

Tampoco ha recibido buenas noticias el Gobierno del CGPJ, que busca con todo empeño renovar, sobre el Anteproyecto de ley de Memoria democrática. En su informe, el órgano de gobierno de los jueces se muestra muy crítico con algunos aspectos de la llamada ‘Ley Calvo’ al estimar que vulnera la libertad de expresión. El punto más duro es el que se refiere a las causas de extinción de fundaciones, dado que los vocales sostienen que “la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión”. Ya en febrero, el Pleno del CGPJ vapuleó otra ley emanada del Gobierno, la ley de Libertad Sexual o del ‘solo sí es sí’, al aprobar por unanimidad un texto que critica algunos de los aspectos más destacados de la norma, como la definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual.

Las críticas a las leyes del Gobierno han llegado también desde el Ministerio Público. Este martes se ha conocido el borrador del informe sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), elaborado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que hace una “valoración general desfavorable” del proyecto estrella del Ministerio de Justicia, que pretende dar un vuelco al modelo de investigación penal atribuyendo la instrucción a los fiscales.

Finalmente, y aunque aún sólo es una ponencia que debe discutirse, destaca la elaborada por el magistrado del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano sobre el recurso de Vox contra el primer decreto de Estado de Alarma, un texto que plantea declarar inconstitucionales algunas medidas de restricción de movilidad aplicadas por el Gobierno al inicio de la pandemia por la Covid-19 entre las que estaría el confinamiento domiciliario. Se estudiará en Pleno el próximo día 22, informa Ep.