Puigdemont reclama más tiempo al Tribunal de Cuentas para abonar la fianza de dos millones

Carles Puigdemont ha recurrido la fianza de dos millones de euros que le impuso el Tribunal de Cuentas para hacer frente al posible desvío de dinero público para promocionar el “procés” en el exterior. La defensa del ex president acusa a la institución -en el punto de mira del independentismo- de “criminalizar” a la Generalitat y de derogar sus competencias “por la vía de la represión sancionadora”.

En el recurso contra esa liquidación provisional que cifra en 5,4 millones el coste de esa promoción en el extranjero del plan soberanista entre 2011 y 2017, el abogado del ex presidente de la Generalitat pide al tribunal que anule su decisión y, si no es así, amplíe el plazo para que abone esos 2.085.507,80 euros. Además, esgrime su inmunidad como europarlamentario para cuestionar la actuación del organismo fiscalizador, al que reprocha que haya procedido contra él sin solicitar el suplicatorio a la Eurocámara.

Y es que, según el letrado Gonzalo Boye, la inmunidad de Puigdemont “alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas”. Por lo tanto, subraya, “tanto para el inicio como para la continuación del presente procedimiento, era preceptiva la concesión previa del correspondiente suplicatorio que debió ser solicitado ante el Parlamento Europeo”.

La liquidación -señala- “a simple vista refleja una criminalización de cuantas actividades se han llevado a cabo por los distintos gobiernos de la Generalitat, asumiendo un objetivo independentista en todas ellas”.

“Inexistente responsabilidad contable”

En el recurso interpuesto ante el presidente de la Sección de Enjuiciamiento del tribunal, el ex magistrado del TSJ de Madrid José Manuel Suárez Robledano, la defensa del líder independentista carga duramente contra el organismo fiscalizador, a quien reprocha que esté llevando a cabo -a través de una “inexistente responsabilidad contable”, se queja- “la derogación de las competencias en materia de acción exterior de la Generalitat por la vía de la represión sancionadora”.

Para el ex president, la instrucción fiscalizadora supone la derogación “de facto” de lo que estipula el Estatuto de Autonomía respecto a las competencias de acción exterior del Gobierno catalán, y asimismo reprocha al tribunal que ignore “deliberadamente” las resoluciones del Tribunal Constitucional respecto a las mismas. “Este tribunal no tiene atribuidas esas competencias y persistir en ello nos lleva, directamente, al ámbito del Derecho Penal, reservándose esta parte las acciones correspondientes”, advierte.

El abogado denuncia en el escrito “múltiples vulneraciones de derechos fundamentales” en el procedimiento contra una treintena de ex altos cargos de la Generalitat -además de Puigdemont, el también ex presidente catalán Artur Mas, a quien reclama 2,8 millones, y el líder de ERC Oriol Junqueras-. “La Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas parece ser más que suficiente a vista de este Tribunal para cubrir vulneraciones de derechos constitucionalmente reconocidos”, se queja.

Plazo “irrazonable”

En caso de que el organismo no atienda sus argumentos, Puigdemont considera “indispensable” solicitar una ampliación del plazo de 15 días que fijó la institución para hacer frente a esas fianzas antes de ordenar el embargo de los bienes de los afectados. ”Resulta más que evidente que en un período como el otorgado es imposible depositar la cantidad que se atribuye a mi representado”, asegura el abogado del ex president, que califica ese plazo de “irrazonable”.

Pero, además, insta al tribunal a que aclare “cómo se llega a dicha cantidad, porque de las liquidaciones practicadas si hay algo que no queda claro es cómo se estructuran las cantidades y cómo se establece su derivación”.

El Tribunal de Cuentas cuantifica en 5.422.899,28 euros el supuesto desvío de dinero público de la Generalitat para promocionar el “procés” en el extranjero entre 2011 y 2017. Un montante aún provisional que reclama a más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat. La partida más cuantiosa apunta a las actividades de Diplocat para difundir en el exterior el plan soberanista. En total, se habrían desviado 3,8 millones a este fin.

El segundo mayor desembolso es el correspondiente a las “embajadas” catalanas, que según el Tribunal de Cuentas se habrían gastado 1,2 millones de forma irregular. Por último, los viajes del Gobierno de Puigdemont al extranjero para ese mismo fin, que considera que no debieron pagarse con dinero público, ascienden a 389.537 euros.