El Prat: una piedra en el camino de Sánchez

Que la capital catalana sea un nudo de vuelos hacia Asia y América es el principal objetivo de la ampliación del aeropuerto de El Prat. El pasado lunes, en el marco de la primera reunión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno en tres años, se anunció que se destinarán 1.700 millones de euros para ese propósito. El proyecto es una buena o mala noticia, según a quién se pregunte. De un lado, el Ejecutivo central, el catalán, Aena y las principales patronales defienden la prevista creación de 83.000 empleos directos y un aumento de dos puntos del PIB autonómico. Del otro, tanto vecinos como organizaciones medioambientales y agricultores denuncian el previsible aumento del ruido, de las emisiones y la amenaza que supone para el ecosistema del delta del Llobregat y el espacio natural protegido de La Ricarda, que pertenece a la red europea Natura 2000. Y en este lado también hay políticos.

Pere Bonet, uno de los portavoces de la entidad vecinal «Ni un Pam de Terra», subraya a LA RAZÓN que el proyecto sienta «un precedente» muy importante, porque «si una zona que tiene las máximas figuras de protección a nivel europeo, estatal y autonómico puede ser afectada por una gran infraestuctura quiere decir que no tiene sentido establecer zonas de protección natural». Se refiere a la ya mencionada Laguna La Ricarda, que es uno de los últimos espacios vírgenes y punto de encuentro de decenas de especies de aves, y es, precisamente por este motivo, por el está protegido por la Unión Europea y Aena necesitará su aval para ampliar el aeropuerto.

«En una situación actual de cambio climático, un proyecto de ampliación del aeropuerto es totalmente de otra época y va en contra de los objetivos internacionales de reducción de emisiones». De hecho, el proyecto de ampliación del parisino aeródromo Charles de Gaulle fue cancelado a principios de este año por su impacto medioambiental.

Más allá de argumentos medioambientales, de salud pública y ligados a la contaminación, Bonet incide en que la apuesta por este hub internacional también repercute en aspectos socioeconómicos. Según explica: «Es incidir en el mismo modelo económico de hace muchos años que apuesta por el protagonismo del turismo y esto tiene efecto en el precio de la vivienda y es un problema social importante».

El objetivo de la nueva pista y la nueva terminal que incluye el proyecto persigue mejorar la conectividad con otros aeropuertos para mantener la posición de liderazgo como destino turístico. Se persigue aumentar la capacidad de pasajeros, pasando de los 30 millones al año 2009 a los 70 millones de pasajeros anuales en 2026. «Es increíble que un Gobierno que se dice preocupado por el medio ambiente apoye la ampliación», continúa.

Aena ofrece compensar los espacios naturales que dañe la obra, algo que tampoco convence a los críticos con el proyecto. Jordi de Begues, del grupo SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet, explica que los planes son convertir una superficie tres veces mayor que La Ricarda del parque agrario en zona naturalizada. «Lo cual significa dejar de golpe y porrazo a muchos agricultores sin un espacio inmenso de tierra fértil». A su juicio, esta decisión repercutiría en la soberanía alimentaria y en el comercio de proximidad. «El sector agrícola en el número de puestos de trabajo tiene una importancia relativa, pero su producción es importante, porque es el único recurso que tenemos en esta zona», explica.

Por otro lado, Carlos Domenech, presidente de la Asociación de Vecinos de Gava Mar, pone el acento en la salud los vecinos. «Los aviones emiten óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas PM que causan asma, cáncer o Alzheimer, con un coste sanitario en Cataluña de 1.250 euros por habitante, el mayor de España», señala. En su opinión, «no tiene compensación económica». Además, pone en cuestión que pueda convertirse en hub internacional –designación que explica ya se incluyó en el BOE del 22 de Octubre de 1999 ,cuando se construyó la terminal 1–. «Si no se instala una aerolínea de bandera en El Prat, difícilmente podrá convertirse en un nudo internacional», señala. Las movilizaciones están previstas para septiembre, mes en el que muchos vecinos saldrán a la calle para mostrar su rechazo a esta polémica ampliación.

Un polvorín político

El proyecto va camino de convertirse en un nuevo motivo de disputa abierta entre los partidos soberanistas con cuentas pendientes por parte de los socios del Govern,diferencias internas en ERC y JxCat, y la amenaza externa de la CUP y los Comunes de Ada Colau. Este último es un aspecto capital para el devenir de la legislatura, con los presupuestos catalanes en el horizonte –los primeros de Pere Aragonès como president– y pendientes de los antisistema y en menor medida del partido morado. Tres frentes abiertos que agudizan la división del independentismo, incapaz de ponerse de acuerdo ni en el procés ni en cuestiones de gestión económica.

Por partes. El choque ha sido notorio con Podemos, tanto en el seno del Gobierno de coalición entre el PSOE y el partido de Yolanda Díaz –con los ministros del partido morado en contra–, como en Cataluña: la alcaldesa Ada Colau se ha situado a la cabeza del aluvión de críticas del ámbito municipalista que el propio Govern de Pere Aragonès trata de apaciguar. Y para calmar las aguas, los republicanos tiran de discurso, esgrimen que lo importante era atar los 1.700 millones de inversión del Estado, puntualizan que no está cerrado y que ahora se tiene que definir desde Cataluña. No se llevará a cabo el proyecto «que quiere Aena, sino el que quiere el país», ha avisado ya la delegada de la Generalitat en Madrid, Ester Capella (ERC). En el otro lado, los Comunes presionan y ayer mismo aseguraron que es «difícil» que su grupo acabe avalando los Presupuestos del Govern para 2022 por tres motivos, el principal el aeropuerto de El Prat.

La CUP es el otro frente abierto que tiene el Govern de Pere Aragonès. Los antisistema están totalmente en contra de la ampliación del aeropuerto pactada, ya se han posicionado al lado de grupos ecologistas y entidades sociales y participarán en la manifestación de protesta del próximo septiembre. Además, han mandado un serio aviso a ERC y JxCat y han calificado de «línea roja» la reforma, catalogándola de «atentado ecológico» y exigiendo las comparecencias de Aragonès y el vicepresidente Puigneró en el Parlament para dar explicaciones. Una oposición importante teniendo en cuenta que los antisistema dan apoyo al Ejecutivo de Pere Aragonès y de ellos depende su estabilidad y mayoría independentista en la cámara. El Govern pide ahora tiempo para elaborar el plan director y mira hacia Europa.

Y es que la política catalana ha cerrado el curso para irse de vacaciones con la importante ampliación del aeropuerto encima de la mesa. Una reforma atada entre el Gobierno –encabezado por la titular de Transportes, Raquel Sánchez (exalcaldesa de Gavà y buena conocedora del entorno al tratarse de un municipio colindante)– y la Generalitat –con el vicepresidente Jordi Puigneró (JxCat) al frente– que ha generado recelos y acentuado las diferencias crónicas del independentismo. A la desconfianza entre ERC y JxCat por la consecución del pacto hay que sumarle las voces disidentes dentro de cada partido. La federación republicana del Baix Llobregat lo rechaza, dirigentes como el exdiputado Joan Tardà ya han pedido una consulta interna y el partido ha votado en contra en el Área Metropolitana de Barcelona. En el otro lado, en las filas posconvergentes, algunas agrupaciones territoriales como la de El Prat también se oponen y Laura Borràs, presidenta del Parlament y cabeza de cartel en las elecciones, lo ha criticado por «insuficiente».