Agravio: 1.700 millones para el Aeropuerto de El Prat

Jordi Puigneró, vicepresidente de la Generalitat, ha personalizado el principal apoyo del Gobierno y de AENA para alcanzar un acuerdo sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat contra el criterio del propio president, Pere Aragonés. Hace unos días, Puigneró declinó asistir a una reunión con Aragonès y la consellera de Medio Ambiente, Teresa Jordà, alegando problemas de agenda. Aunque en esa reunión se iba a tratar del futuro del aeropuerto, Puigneró prefirió asistir a una paella organizada en la Cataluña francesa por la activista Pilar Rahola y a la que asistieron Carles Puigdemont y Toni Comín entre otros.

Ayer, Puigneró se citó con la ministra Raquel Sánchez aprovechando su viaje a Madrid a la reunión de la Comisión Bilateral. Y la ministra lo recibió en calidad de principal aliado. A las pocas horas del encuentro se filtró el resultado: Generalitat y Gobierno han alcanzado un acuerdo por el que el AVE unirá los aeropuertos de Reus y Girona con el de Barcelona para crear un hub interconectado haciendo de los tres aeropuertos un único destino internacional. Las cuestiones medioambientales, como la protección de la laguna artificial de la Ricarda, han quedado fuera del acuerdo a la espera de la opinión de la Comisión Europea.

Todo un hito conseguido en una reunión escasa que deja en fuera de juego a ERC que hace solo una semana votaba en contra de la ampliación de El Prat en el Àrea Metropolitana de Barcelona al igual que había hecho en el Ayuntamiento de Barcelona y en el Parlament. De hecho, se habla de un principio de acuerdo, de un éxito, cuando ahora AENA debe redactar un plan director y se deben vencer las trabas europeas, aunque desde AENA se pone como ejemplo el cambio sustancial de la ciudad de Rotterdam y de su puerto que la UE aprobó a pesar de las reticencias de los grupos ecologistas.

La inversión prevista por AENA en esta ampliación es de 1.700 millones de euros y numerosas voces de la sociedad civil habían hecho público su temor a que se perdiera esta inversión por intereses partidistas o por criterios medioambientalistas que nada tienen que ver con la realidad del territorio -es necesario garantizar el futuro de la industria agroalimentaria del Baix Llobregat la más próxima a Barcelona- defendiendo una laguna artificial que bloquea cualquier mejora de las instalaciones y que puede encajarse en el diseño de una nueva planificación territorial. Por estos motivos y por la cerrazón de ERC, Maurici Lucena, presidente de AENA, ha mantenido diferentes contactos con Puigneró, como principal responsable del Govern en esta materia, pero también contactos telefónicos con Pere Aragonés porque no estaba dispuesto a que el acuerdo hiciera aguas por la pugna constante del mundo independentista. A tenor de lo sucedido ayer, lo ha logrado.

Casualidad o no, cuando se conoció el contenido de la reunión entre Puigneró y la ministra Sánchez, la Oficina de Prensa de la Generalitat anunció la comparecencia de Pere Aragonés tras la reunión del Consell de Govern que se celebrará esta mañana. Una suerte de contraprogramación a la rueda de prensa del presidente Sánchez y, sobre todo, una contraprogramación a Junts per Catalunya para capitalizar los acuerdos de la Comisión Bilateral y de la reunión sobre El Prat.

ERC siempre ha desligado las negociaciones en la Comisión Bilateral, los Presupuestos Generales del Estado y la Mesa de Diálogo, pero a nadie se le escapa que Aragonés necesita triunfos que blandir ante Junts per Catalunya y, más que nunca, no dejar resquicios a sus socios de Govern para que se los apunten como éxito propio. También ayer, la Generalitat asistió a la reunión convocada por la ministra Montero para ajustar los criterios de adjudicación de los Fondos Europeos. Aragonés no estuvo en la Conferencia de Presidentes pero sí acudió ayer a Hacienda un representante de la Generalitat porque el reparto de los 7.230 millones que gestionarán las autonomías de los fondos europeos obliga.

El gran acuerdo por el aeropuerto se sumó a otros aspectos también sectoriales tratados en la reunión de la Comisión Bilateral. En concreto, no se alcanzó ningún acuerdo, aunque sí asumieron cinco compromisos: reducir la conflictividad institucional (para evitar pleitos en el Tribunal Constitucional); abordar en la comisión mixta de transferencias la transferencia de las becas universitarias (octubre); crear un grupo de trabajo para ver la viabilidad de los 56 traspasos que reclama la Generalitat; la reactivación de la comisión de infraestructuras (noviembre); y, la reactivación de la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales (diciembre).

Cada mes habrá una cita entre Gobierno y Generalitat y arrancará en septiembre con la mesa de diálogo y concluirá a finales de enero con una nueva reunión de la Comisión Bilateral para hacer balance de los avances. El Gobierno, en todo caso, cumplió con su palabra y rechazó abordar los fondos europeos en la reunión, circunstancia que cabreó a la Generalitat.

En cuanto al dinero, el Gobierno anunció que dará cumplimiento con la disposición adicional tercera del Estatut (que indica que el Estado debe hacer inversiones en infraestructuras en Cataluña durante siete años por el mismo valor de su porcentaje de PIB en España) con una inversión de 200 millones de euros (100 millones de euros de manera inminente y otros 100 millones antes de final de año), aunque la Generalitat advierte que todavía faltan 3.800 millones.

La valoración de la reunión de la Comisión Bilateral, en todo caso, fue distinta: para Moncloa fue «fructífera», mientras que para el Govern, «insuficiente».