El derecho a la verdad, la cuenta pendiente con 377 víctimas de ETA

El 44 por ciento de las familias de víctimas de ETA no sabe quién mató a su padre, hijo, marido o hermano. 377 crímenes sin resolver, sin una sentencia de condena firme.

La mayoría ocurrieron en los años ochenta, cuando la banda terrorista atentaba cada tres días, y ya han prescrito para la Justicia. ¿Pero dónde queda el derecho a la verdad?

Con motivo del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, que se celebra este sábado, Toni Salvá, padre de Diego Salvá, una de las dos víctimas del último atentado mortal de la historia de ETA, relata a Efe que conocer la identidad del asesino o asesinos de su hijo permitiría a su familia “cerrar un capítulo, una herida que no sana”.

Su caso aún no ha prescrito y, de hecho, la investigación del crimen está abierta. Otros, que en algún momento perdieron la esperanza, aguardan expectantes la visita a España en noviembre de un grupo de eurodiputados que recabarán información sobre todos los asesinatos acometidos por la banda cuyo autor material no ha sido condenado.

Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y autora del primer informe sobre los crímenes sin resolver de ETA, lamenta que esta misión de la Eurocámara está creando “falsas expectativas”. Sin embargo, asegura que no todo está perdido para unas familias cuyo derecho a la verdad no prescribe.

UNA HERIDA QUE NO SANA

El 30 de julio de 2009, Antonio sufrió el peor golpe de su vida. ETA había asesinado a su hijo y a su compañero Carlos Sáenz de Tejada, guardias civiles de 27 y 28 años, en un atentado con bomba-lapa en Calviá (Mallorca). Más de una década después, no sabe quién acabó con sus vidas. “Es como si te clavan un puñal en el alma y la herida se va haciendo cada vez más grande”, relata.

Aun guardando la discreción, detalla que se abrieron diligencias "hace poco tiempo" que implican en el atentado a dos etarras presos por otras causas. Su esperanza está renovada, pero su partido de fútbol particular ya está "en la segunda parte". "Vamos a contrarreloj", añade.

En concreto, el que fue el último atentado mortal de ETA prescribirá para sus autores materiales en ocho años. Antonio teme que los responsables de la muerte de su hijo no paguen por ello. “La prescripción es una estupidez”, subraya.

La visita de los eurodiputados, comenta, les da "algo de esperanza", ya que puede "despertar" a instituciones como el Ministerio del Interior o la Audiencia Nacional, de las que asegura, también son "víctimas".

JUZGAR A LOS “JEFES”

Daniel Portero es el presidente de la asociación Dignidad y Justicia, que llevó en 2016 una petición a Bruselas para que la comisión de Peticiones de la Eurocámara enviase una misión a España para investigar los crímenes sin esclarecer de ETA.

Cinco años después dice estar "muy satisfecho" de recibir, tras un aplazamiento causado por la pandemia, a la expedición de eurodiputados que apoyaron su iniciativa. Lo hicieron los grupos del Partido Popular Europeo (PPE), Ciudadanos y Vox.

En total, 336 asesinatos de ETA sin resolver ya han prescrito. Pero, según Portero, existe una alternativa para juzgar a los dirigentes de la banda que dieron luz verde a los atentados.

Se trata de la vía de los crímenes de lesa humanidad, indicada para delitos especialmente atroces y sistemáticos contra una población civil. Solo existe un procedimiento de este tipo abierto en España contra líderes de ETA, el que en 2015 imputó a Mikel Karrera ‘Ata’, Aitzol Iriondo ‘Gurbitz’, Garikoitz Aspiazu ‘Txeroki’ y José Antonio Urrutikoetxea ‘Josu Ternera’ por asesinatos de la banda cometidos bajo su mando.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ya ha aclarado en varias ocasiones que solo se investigarán por esta vía los crímenes que ocurrieron a partir del año 2004, fecha en la que el delito de lesa humanidad se incorporó al Código Penal español.

Dignidad y Justicia argumenta que tanto los tratados internacionales suscritos por España como la jurisprudencia de otros tribunales penales internacionales consideran que este delito es atemporal y pide que sea la solución a los asesinatos sin resolver de ETA.

BAILE DE CIFRAS

La asociación presidida por Daniel Portero elaboró un informe en que clasifica los detalles de estos 377 crímenes. En paralelo, la abogada de la AVT los cifró en 315 tras varios ajustes. Pese a que compartieron fuentes, un factor provocó el baile de cifras, la Ley de Amnistía de 1977, que dejó impunes 67 asesinatos.

Ladrón de Guevara aclara que la AVT reconoce a las víctimas que perdieron la vida a manos de ETA antes de esta fecha, pero señala que estos crímenes no tienen la misma "naturaleza jurídica" que los posteriores, razón por la que decidieron no incluirlos en su informe. "El objetivo es poder resolverlos y esos no se van a poder resolver", lamenta.

Además, asevera que los atentados prescritos tampoco se esclarecerán, ya que, al menos de momento, no se podrán juzgar por el delito de lesa humanidad. No obstante, resalta que "aún queda mucho camino por recorrer".

Por su parte, Daniel Portero reclama que “se puede amnistiar a un asesino, pero no a una víctima”. Dignidad y Justicia sí incluyó los 67 crímenes previos a la Ley de Amnistía y aún trabajan para esclarecerlos.

Pese a las diferencias entre ambos colectivos de víctimas, su objetivo es común: el derecho a la verdad de los familiares de los asesinados. Aunque la herida sigue abierta, el empeño por honrar a los fallecidos está intacto.