El «caso Ghali» acecha a Pedro Sánchez

La investigación judicial de las circunstancias en las que se produjo el pasado abril la entrada en España de Brahim Ghali –que provocó un sonado conflicto diplomático y migratorio con Marruecos– ya apunta a ex integrantes del Gobierno de Pedro Sánchez.

La decisión del juez que está al frente de la instrucción, Rafael Lasala, de citar como imputada a la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya por la supuesta comisión de un delito de prevaricación (una comparecencia aún sin fecha) sitúa en el foco al Ejecutivo en la búsqueda de respuestas. Y es que el magistrado quiere saber de quién partió en última instancia la autorización para que Ghali llegara a nuestro país por «motivos humanitarios» (estaba enfermo de Covid) eximiéndole del preceptivo control de documentación y aduana.

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza accede así a la petición efectuada por las acusaciones populares. Pero González Laya puede no ser la última ex integrante del Gobierno que tenga que dar explicaciones al juez. El abogado Antonio Urdiales, que denunció los hechos y ejerce la acusación popular, ha solicitado a Lasala que tome declaración –en este caso como testigo– a la ex vicepresidenta del Gobierno, y actual diputada, Carmen Calvo. En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el letrado justifica esa comparecencia –que solicita se lleve a cabo desde el Congreso por videoconferencia

La Ley de Enjuiciamiento Criminal exime a los diputados de acudir presencialmente al llamamiento de un juez, pero no de declarar, aunque les permite hacerlo desde su despacho oficial. Pero como ex ministras del Gobierno, tanto Laya como Carmen Calvo (si así lo decide el instructor) podrían además «informar por escrito sobre los hechos de que hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo», tal y como establece el artículo 412.4 de la norma procesal tras una reforma de 1991.

Tanto la imputación de Laya como la solicitud de que declare como testigo Carmen Calvo tienen su origen en la comparecencia ante el juez, el pasado día 13, del ex jefe de gabinete de la ministra de Exteriores Camilo Villarino, hasta ahora el único imputado en el procedimiento.

El juez preguntó si la orden partió de Pedro Sánchez

Villarino explicó al juez que fue González Laya quien le trasladó que se había tomado la decisión de admitir la entrada de Ghali por razones humanitarias, pero precisó que no cree que la adoptara ella por sí misma porque «el Gobierno no es un reino de Taifas». La pregunta del juez ya apunta hacia dónde se encamina la investigación. «¿Pero se refiere que tomó la decisión dentro del ministerio de Asuntos Exteriores de manera coordinada con otros cargos o en alguna comisión interministerial o que fue el presidente del Gobierno el que le indicó que sí, que aceptara?».

Según su versión, Laya llegó a preguntarle cuando intentaba tramitar la llegada de Ghali a la base militar de Zaragoza: «¿Pero si van por la parte militar necesitan pasar por la Guardia Civil?». «La pregunta la hace la recién nombrada presidenta del grupo de sabios de la UE sobre aduanas», ironiza el letrado en referencia al cargo para el que ha sido designada la ex ministra hace solo unos días.

El diplomático también hizo referencia a la llamada de Isabel Valldecabres, directora de gabinete de Carmen Calvo, el 15 de abril (tres días antes de la llegada de Ghali), cuya declaración como testigo también reclama. En esa comunicación. «Me pregunta si sé algo de la posible venida de Brahim Ghali a España. Y le digo que no, que no sé nada», explicó Villarino al juez.

La llamada de Interior

Pero no fue la única llamada ministerial que recibió el entonces jefe de gabinete de Laya. El 23 de abril, explicó durante su declaración, le telefoneó la directora de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para trasladarle que la Audiencia Nacional había pedido a Interior que informase de la localización en España de Ghali, algo que se cumplimentó ese mismo día confirmando que estaba ingresado en un hospital de Logroño (donde ingresó con documentación falsa a nombre de Mohamed Benbatouche).

Ahora, la acusación popular también solicita al instructor que llame a declarar como testigo a la directora de gabinete de Grande-Marlaska en relación a este asunto. «Lo lógico y normal es que el Ministerio del Interior estuviera al tanto de la operación», argumenta la acusación popular en su escrito, dado que –señala– cuando Ghali llegó en ambulancia al hospital San Pedro de Logroño le esperaban en la puerta policías, según apuntó Villarino, quien no concretó si el vehículo «había sido escoltado por fuerzas policiales desde Zaragoza».

Pero la declaración de Villarino ha dado más de sí. El diplomático se escudó en un acuerdo del Consejo de Ministros «no publicado» de 15 de octubre de 2020 –que califica como secreto o reservado, dijo, «prácticamente el total de las actuaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores»– para no contestar a determinadas preguntas o hacerlo «con algunas restricciones».

El ex jefe de gabinete de Laya eludió identificar, por ejemplo, a la persona que le remitió por correo electrónico el pasaporte falso a nombre de Benbatouche con el que el líder polisario se dio de alta en el hospital. «Era de España. Es lo único que puedo decir. No puedo entrar en más detalles», se excusó.