PSOE y Podemos terminan su gabinete de crisis sin acuerdo para la reforma laboral: “Será necesario seguir negociando”

El Gobierno de coalición vive horas complicadas, quizá las más complicadas a las que se ha enfrentado desde que se fraguó en enero de 2020. Una tensión que, sin embargo, no conlleva riesgo de fractura, porque ambas partes necesitan ganar tiempo hasta las elecciones: Sánchez, para consolidar la recuperación y garantizar un escenario de estabilidad; Díaz, para acabar de diseñar su incipiente proyecto. Sin embargo, el horizonte electoral ya comienza a vislumbrarse y, en paralelo, los equilibrios de fuerzas a hacerse más visibles. La reforma laboral es uno de los tradicionales puntos de fricción en el seno del Ejecutivo, que se ha ido dilatando en su abordaje por falta de acuerdo, pero el calendario manda y el 31 de diciembre es la fecha límite para cumplir los compromisos de reformas acordados con Bruselas. El reloj apremia y la negociación ha llegado a un punto «nuclear», según reconocen fuentes gubernamentales, por lo que en la parte mayoritaria del Gobierno no están dispuestos a dejar nada al azar: reclaman su espacio y representación propia.

El presidente del Gobierno quiere reservarse el control sobre la reforma laboral y, para ello, considera imprescindible que en la mesa se siente Nadia Calviño. Aunque el debate se simplifique a los nombres: Díaz o Calviño, lo trascendente es el alcance de la reforma y, en ese ámbito, Sánchez apuesta por el estilo más conservador y de interlocución directa con la Unión Europea que tiene la vicepresidenta primera. Hasta el momento, había sido Yolanda Díaz quien había pilotado las conversaciones y los trabajos, pero ahora el presidente quiere llevar las riendas. En Podemos lo ven como una «injerencia», mientras que los socialistas aseguran que «tienen que estar presentes». «Faltaría más». Una foto que refleja el nivel de confrontación sobre el liderazgo en la negociación es el matiz en el cómo se han secundado los hechos. Fue la vicepresidenta quien pidió que se diera publicidad al desacuerdo en el seno de Moncloa, a través de la ministra Ione Belarra que fue quien pidió por redes –antes incluso de hablar con el PSOE– la reunión del pacto de seguimiento del acuerdo.

«El PSOE quiere participar del diálogo y los acuerdos que puedan ir llegando», señalan fuentes socialistas, como si hasta ahora el presidente no hubiera estado al corriente de estos avances. No es tanto conocer, sino influir y lograr que la reforma laboral cumpla los estándares pactados con Bruselas y que cuente con el acuerdo de la Patronal, algo que para Yolanda Díaz no es una prioridad, como ya ocurriera con el acuerdo para la subida del Salario Mínimo. En Podemos, de hecho, avisaron ayer a Calviño que «no van a permitir hacer una reforma laboral al servicio de la patronal». En la CEOE sentaron muy mal las declaraciones de Sánchez en el 40º Congreso del PSOE, dando por hecho la derogación sin negociarla, y esto ha obligado a variar la hoja de ruta, incluso en lo discursivo, ya que los socialistas han desterrado de su vocabulario la palabra «derogar».

Aunque en Podemos creen que Moncloa busca cortar las alas que había dado hasta ahora a Díaz, permitiéndole ganar algunas batallas, en la parte socialista descartan este extremo y reflexionan sobre la importancia que las reformas comprometidas con Europa tienen para la recuperación. Además, defienden que la nueva reforma laboral lo será de todo el Gobierno y recuerdan que Podemos ha participado en negociaciones que han tratado cuestiones que trascienden sus ministerios, como los Presupuestos o la ley de vivienda, que, sin ser ámbitos previstos en las carteras moradas, han contado con presencia de representantes del socio minoritario. En el partido morado creen que si no es Yolanda Díaz quien lidera la negociación no habrá una derogación «parcial» de la reforma laboral. Es uno de los compromisos que se plasmaron en el acuerdo de Gobierno y es al salvavidas que Podemos se ata. De hecho, fuentes del partido explican que si no son ellos quienes lideran las negociaciones «no tendrán problemas en evidenciar que se trata de un incumplimiento directo». Díaz denunció que el enfrentamiento «no va de nombres sino de qué se va a hacer». Es ahí donde Podemos aprieta, en defender que la reforma «debe estar al servicio de las clases trabajadoras» y por ello se descuelgan de incluir a la patronal.

Con estos mimbres y, en pleno pulso de Podemos con Meritxell Batet por la retirada del escaño a Alberto Rodríguez, se reunió ayer el gabinete de crisis de la coalición. Desde el ala socialista rebajaban inicialmente las expectativas sobre la posibilidad de que tras la reunión hubiera algo así como «un acuerdo», más allá de clarificar las posturas de cada pata del Ejecutivo. «Se pondrán en común las cuestiones que generen dudas o diferencias y requieran aclaración». Una cita que duró casi dos horas y que terminó sin acuerdo instantáneo, como era previsto. Según fuentes socialistas fue una reunión «constructiva». Desde Unidas Podemos fueron más contundentes. «Será necesario seguir negociando dado que por el momento no hay un consenso», admitieron.

A la reunión no acudieron ni Calviño ni Díaz, -tampoco asistían en el pasado Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias- sino sus número dos, Gonzalo García (Economía) y Joaquín Pérez (Trabajo). Les acompañaban, por parte del PSOE, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; y el portavoz, Héctor Gómez. La delegación de Unidas Podemos estuvo compuesta por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra; la ministra de Igualdad, Irene Montero; el portavoz, Pablo Echenique; el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, y el jefe de gabinete de Díaz, Josep Vendrell.