Renovación
El presidente del TC se despide instando a los magistrados a huir de la “crispación”
González Rivas subraya que el tribunal de garantías “resuelve conflictos políticos mediante criterios jurídicos” e insta a los magistrados a actuar “con absoluta sujeción” a la Constitución y a la ley
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, se ha despedido del cargo instando a los magistrados de la institución a que huyan de la “crispación” y de cualquier “estridencia”, poniendo sus conocimientos jurídicos al servicio de una labor “honesta, constante y discreta” con “absoluta sujeción” a la Carta Magna y a la ley. En su discurso de despedida, González Rivas ha hecho suyas las palabras del primer presidente de la institución, Manuel García Pelayo, de que el TC “resuelve conflictos políticos mediante criterios jurídicos”.
En el acto de toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados del TC -los magistrados de la Audiencia Nacional Concepción Espejel y Ramón Sáez, el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo y la magistrada del TSJ de Andalucía Inmaculada Montalbán-, el hasta hoy presidente de la institución ha asegurado que sus quince años en el tribunal de garantías (primero como letrado y después como magistrado y presidente) han resultado para él “un privilegio” y ha hecho hincapié en que ha llevado a cabo su labor “con la mayor dedicación y honestidad”.
González Rivas ha recordado que desde el primer momento, en su mandato los magistrados del TC tuvieron que responder a numerosos desafíos, entre ellos el del desafío soberanista en Cataluña, sobre el que se pronunció el Constitucional en dos sentencias en las que, ha recordado, “defendieron la supremacía de la Constitución y la unidad de la nación española”.
La Constitución, “un texto vivo”
En su intervención, el presidente saliente ha subrayado que a lo largo de su mandato el TC ha resuelto 31.270 asuntos, dictando 813 sentencias, 460 autos y 864 providencias de admisión, lo que según ha destacado “evidencia la eliminación progresiva” de los asuntos pendientes.
El magistrado ha ensalzado la labor tanto de sus compañeros como de los funcionarios que trabajan en la institución que ha hecho posible -ha recalcado- “que la Constitución siga siendo un texto vivo que hace efectivo en el día a día nuestro estado democrático de Derecho bajo los principios y valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político”.
Al solemne acto han acudido, entre otras autoridades, la ministra de Justicia, Pilar Llop; el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes; el presidente del Senado, Ander Gi; la titular de Defensa, Margarita Robles; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López; y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón, así como magistrados eméritos del TC, vocales del CGPJ como Mario Macías y abogados como José María Fuster-Fabra.
Renovación pactada por PSOE y PP
La renovación del TC pactada por PSOE y PP no solo supone la salida del tribunal de garantías de González Rivas, sino también la de la vicepresidenta Encarnación Roca y la del magistrado Manuel Ollero (ya que el cuarto integrante del TC que será sustituido, el progresista Fernando Valdés, dimitió en octubre del pasado año al ser procesado por un asunto de violencia de género).
Los nuevos magistrados del Constitucional recibieron el aval de la comisión de nombramientos del Congreso, aunque con los reparos del diputado socialista Odón Elorza, quien afirmó que habría que votar al candidato del PP Enrique Arnaldo “con una pinza en la nariz”, y de la propia Cámara, pese a que una decena de diputados rompieron la disciplina de voto y rechazaron la candidatura del catedrático de Derecho Constitucional por su participación en cursos de Faes, la fundación vinculada al PP, y su imputación, luego archivada, en una de las piezas del “caso Palma Arena”.
El TC también se pronunció a favor de la idoneidad de los candidatos (que según la Carta Magna deben ser juristas de reconocido prestigio con al menos 15 años de experiencia), en su caso con el voto en contra de uno de los magistrados.
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